El presidente de la FEMPEX Fernando Pizarro, defiende que la modificación de la Ley del Suelo apuesta por construir un “urbanismo responsable”

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Fernando Pizarro, ha comparecido hoy ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Parlamento de Extremadura, dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley de Modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).

[Img #41765]En su intervención, Fernando Pizarro ha destacado que la Administración local se encuentra ante una futura modificación normativa que tiene en consideración varias cuestiones de enorme calado para los municipios extremeños, «ajustándose a la realidad en la que se mueve la gestión del urbanismo, en la inmensa mayoría de la localidades extremeñas, para hacerla más eficaz y servir mejor a los intereses del conjunto de la ciudadanía», ha destacado.

 

En este sentido ha valorado su «voluntad clara» de convertirse en una herramienta que permita solucionar problemas en el ámbito urbanístico que se encuentran perfectamente delimitados y que desde la Administración local también se han señalado reiteradamente.

 

«Los responsables municipales valoramos especialmente el espíritu que guía esta modificación, ya que frente al inmovilismo que no conduce a ninguna parte, con esta reforma se han buscado formulas que permitan agilizar los procedimientos y desbloquear situaciones que se eternizaban en la gestión urbanística», ha apuntado Pizarro.

 

De igual forma, ha puesto de manifiesto que con la reforma se entiende el suelo no urbanizable «en su diversidad positiva, es decir, donde cada realidad ha de tener su correcta regulación, subrayando la protección de los espacios así caracterizados y favoreciendo la actuación y re-utilización compatible con el medio ambiente en aquellos potencialmente adecuados para el desarrollo socio-económico».

 

También ha subrayado que se pretenden favorecer los usos y aprovechamientos relacionados con el medio rural, en aquel suelo no urbanizable que no goce de una protección específica que los haga incompatibles (más del 99% del territorio extremeño es considerado suelo rural).

 

Fernando Pizarro ha añadido que la modificación normativa tiene en consideración la realidad de la administración local extremeña, donde el 90% de sus municipios aún no tiene un planeamiento urbanístico ajustado a sus características y necesidades de su desarrollo futuro.

 

«Con esto se fortalece el papel de auxilio de la administración autonómica sobre la local en tan importante tema, buscando la colaboración entre administraciones por el bien de la ciudadanía, evitando aquellos actos administrativos que no sean estrictamente necesarios», ha aseverado.

 

De igual forma, ha destacado que los pequeños municipios tienen un tratamiento singular y esta modificación legisla ciertas condiciones especificas para ellos.

 

Entre otras ha citado la ampliación del régimen urbanístico simplificado, actualmente previsto para municipios con población inferior a 2.000 habitantes hasta los 5.000 habitantes (348 municipios en toda la región (90%), en los que reside el 36% de la población extremeña, y la inmensa mayoría de las entidades locales).

 

«Especialmente destacado para los entes locales, las licencias específicamente para supuestos de interés general, mediante las cuales, y siempre que esté justificado, el Ayuntamiento pueda permitir la implantación de usos industriales o de servicios, siempre que sus promotores se comprometan al cumplimiento posterior de todas las obligaciones urbanísticas», ha señalado el presidente de la FEMPEX.

 

Fernando Pizarro ha querido dejar claro que las Administraciones locales extremeñas «tenemos que sentirnos especialmente bien tratados por esta modificación normativa, sensible con nuestra realidad y con nuestras demandas de agilización administrativa que allane el camino en estos procesos».

 

“Se trata, ha concluido, de una reforma que apuesta por construir un urbanismo responsable, que no dé la espalda al desarrollo de nuestras localidades, que anima a los administrados a hacer las cosas bien y que se ajusta de las características del territorio donde se ejecuta, no para estrangular las iniciativas que de él surgen, sino para procurar su rápida concreción”.