La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha mostrado su «preocupación» por el Decreto 110/2015 publicado el pasado 3 de junio sobre la regulación de la Red Natura 2000 en la región, teniendo en cuenta además –apunta– que se ha realizado con un gobierno en funciones.
En su opinión, el documento aprobado «no deja de ser una herramienta que dificulta aún más la labor de las personas del campo al frente de sus explotaciones», y el mismo además supone «el último despropósito de la Consejería de Agricultura en funciones hacia el campo extremeño».
En nota de prensa, recuerda también que así lo expresó ya en su día, el pasado 25 de noviembre del año pasado, cuando presentó –explica– alegaciones ante la Consejería de Agricultura para que se retirara el proyecto de decreto, aunque «se hizo oídos sordos» a su propuesta.
«Nos dicen desde la consejería que la Comisión Europea nos exigía la elaboración de un plan director para toda la región con el fin de que se siguieran recibiendo fondos para las zonas rurales, pero difícilmente entenderá Bruselas que con este decreto se hayan dictado normas que no facilitan la labor de esas zonas ni son compatibles con los agricultores y ganaderos que hemos mantenido el actual ecosistema que disfrutamos en las zonas rurales», explica Apag Extremadura Asaja.
De ahí que la organización exija que se reúna «de inmediato» el Consejo Asesor de Medio Ambiente para analizar dicho documento y que pueda ser «compatible» con los usos que se desarrollan en los campos.
ORDENAMIENTO JURÍDICO
La organización también recuerda que la Red Natura 2000 afecta al 30,3 por ciento del territorio regional, en concreto a 1.264.288 hectáreas, que representan un total de 71 ZEPAS, el 26,5 por ciento del total y 89 LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).
Se ha mostrado asimismo «convencida» de que siguiendo la normativa europea se necesita «un adecuado ordenamiento jurídico» de las zonas rurales que «ayuden a preservar los hábitat de interés y la biodiversidad, pero también que signifiquen el compromiso con el desarrollo económico y social de Extremadura», al tiempo que subraya que este decreto «no lo cumple».
También apunta que «en su día» se quejó de que el tiempo dado para realizar las alegaciones (un mes) «fue completamente insuficiente dada la complejidad técnica de los documentos sometidos a consulta», lo que –añade– «hubiera precisado de un amplio periodo de tiempo para poder estudiarlo y analizarlo con más detenimiento, sin que, además, se hubiera dado a las todas las partes interesadas la audiencia necesaria, como son las organizaciones agrarias, las asociaciones, ayuntamientos, etcétera, como marca la ley».
En esta línea, apunta también que este decreto de la Red Natura 2000 en Extremadura introduce la reducción de actividades tradicionales y naturales de las propiedades agrícolas, ganadera o forestal, «impidiendo los usos a los que se venían destinando las fincas o prohibiendo actividades autorizadas previamente y reduciendo la rentabilidad de los terrenos».
Asimismo, señala que se ha configurado como la «privación singular» de la propiedad y derechos o intereses legítimos y «además los perjuicios que provocan son ciertos, efectivos y actuales, que podrían dar lugar a indemnizaciones que no se contemplan».
Por último, hace hincapié en que la Constitución «garantiza en su artículo 33 la propiedad de bienes y de los derechos patrimoniales salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes».
