VOLVER AL PRINCIPIO DEL PROBLEMA, por Carlos González Boet

La financiación de las infraestructuras siempre se ha hecho con cargo a los presupuestos públicos. Estas Inversiones se justifican en la necesidad del servicio, que genera movilidad y riqueza y en su capacidad de generar empleo durante la construcción y posterior mantenimiento, son efectos que se aportan al crecimiento y al desarrollo económico.

 Financiando con cargo al presupuesto parecía no haber problema, pero en la situación actual, con elevado déficit, incluso el capital privado se aventuraba en esta actividad sobre estimaciones de tráfico importantes y concesiones administrativas a largo plazo. Con la llegada de la crisis económica se reduce la capacidad de inversión, tanto pública como privada, provocando cierre de empresas, desempleo y lo que es más importante, el intento del capital privado para que sea el presupuesto público el que soporte sus fracasos, son generalmente aparatosas sociedades constructoras que apantallan eficazmente al sector bancario, siempre dispuesto a quedarse con los beneficios y socializar las pérdidas.

Sin embargo no podemos abandonar la inversión en infraestructuras y construcción, el cambio del modelo productivo no avanza con rapidez y no tiene capacidad para recolocar la ingente masa de desempleados que mantenemos. En esta situación es necesaria una reforma, primero normativa, administrativa y técnico y luego una nueva política de financiación, con ideas, capacidades e inteligencias. La simplificación normativa es una necesidad, el cálculo de niveles de calidad que no supongan inmediatamente un aumento de precios, también, dado que muchas veces se pretenden implantar niveles de ejecución, de acabado o de seguridad,  desde el ámbito administrativo, sin el conocimiento técnico y presupuestario de la medida y sin el análisis de costes imprescindible. El uso eficiente de los fondos europeos y el desarrollo de un programa de inversiones basado en proyectos estratégicos orientados a asegurar la movilidad de las personas, las mercancías y la competitividad de nuestra economía autonómica, es otra pieza fundamental. El resultado de políticas tan medidas, que pasan por la planificación adecuada, puede ser espectacular por la calidad de las inversiones, sabiendo, eso sí, captar en determinados escenarios, inversores privados, que están y con gran cantidad de dinero fresco disponible y deseoso de ponerse en situación de rentabilidad., solo hay que hacer legal y reglamentariamente eficientes a la hora de generar beneficios determinadas infraestructuras debidamente planificadas. 

Si se hace así, si primero se planifica y se estructuran determinadas operaciones de alto rendimiento económico, en materia de financiación, será posible la creación de entes público – privados empresariales para el desarrollo de estas inversiones con protagonismo para la iniciativa privada y criterios de mercado en la provisión de infraestructuras, con ello se introduce eficiencia económica y la disponibilidad de la obra pública depende menos de las decisiones políticas y de la marcha del presupuesto y más de la capacidad de los agentes económicos para hacer rentables los proyectos. Pero lo que es más importante es que llegado el capital privado a estas operaciones, se liberará capital público que quedará disponible para otras en las que no existan parámetros de beneficio económico, permitiendo la inversión en otras infraestructuras que sólo tienen beneficio social, esto es muy importante.

El instrumento necesario es una profunda reforma del marco legal vigente en la materia y en todos y cada uno de sus desarrollos sectoriales, Leyes, Decretos y Órdenes, culminado con una Ley de Concesiones para la Financiación Privada de Obras de Interés Público. No se pueden hacer políticas nuevas, con ideas nuevas y con inteligencias nuevas con las legislaciones aplicadas durante los últimos 30 años, La reforma de las legislaciones de suelo, vivienda, carreteras y aguas, propiciarán proyectos financieramente rentables, o actuaciones de conjunto que así lo sean, que podrán ser llevados a cabo por la iniciativa público – privada, estableciendo una cláusula legal de iniciativa de los particulares, parecida a la figura del agente urbanizador. No afrontar este reto significaría seguir haciendo políticas tradicionales con legislaciones propias de otros tiempos, esta es una de las peores situaciones posibles. La peor de todas es la de no hacer nada por prudencia, tanta prudencia ahoga la iniciativa y acaba con la oportunidad.

El objetivo último, en definitiva, es garantizar que ningún proyecto que necesite la economía deje de emprenderse, por su interés en sí mismo y por lo que supone en inversión, actividad económica y generación de empleo. Está confirmado que la inversión en infraestructuras es muy importante para el desarrollo económico y que debe estar siempre presentes en cantidad suficiente para cooperar en el crecimiento. Lo contrario constituye un obstáculo insalvable para la evolución positiva de la economía. La provisión de infraestructuras al ritmo adecuado resulta fundamental para garantizar el potencial de crecimiento, y ello es fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo. Con los cambios propuestos en el sistema de financiación de las obras públicas; los de carácter legal y otros de detalle normativo para reducir y simplificar los trámites administrativos y hacer más rápida, transparente y objetiva la preparación de los proyectos para su licitación; la administración puede multiplicar por varios enteros las inversiones en proyectos de infraestructuras.

El resultado final de todo este proceso de modernización del sistema de provisión y financiación de las infraestructuras debe producir una participación privada en el presupuesto de inversión en infraestructuras, ES UNA INVERSIÓN PRODUCTIVA,  NO UN GASTO CORRIENTE, que supondrá un aligeramiento de las cuentas públicas, una verdadera modernización del cuerpo legal y normativo en la materia, la generación de empleo y actividad económica y  una mejora notable de la movilidad de las personas y mercancías lo que vuelve a producir el sostenimiento del empleo directo e indirecto. Volvemos así al principio del problema, la inversión en construcción e infraestructuras genera empleo, mucho empleo.

El autor es  especialista en información y estudio sobre infraestructuras y construcción