El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura ha advertido, junto a Feafes Extremadura salud mental, sobre el desinterés y la falta de apoyo del Gobierno regional a las personas con trastorno mental grave en materia presupuestaria.
![[Img #49955]](upload/img/periodico/img_49955.jpg "Cermi y Feafes advierten del desinterés y falta de apoyo de la Junta hacia personas con trastorno mental grave")
Ambas entidades lamentan que en los Presupuestos Generales para este ejercicio 2016, y concretamente en las partidas del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), se hayan «vuelto a obviar» a su juicio las «necesidades» del colectivo de personas con discapacidad por trastorno mental grave, al situarse la partida específica «congelada, inamovible y estancada».
Desde hace años, Feafes Extremadura viene criticando la «precariedad» y la «escasez» de financiación y apoyo para el colectivo de personas con trastorno mental grave en la región.
«Se hizo en la anterior legislatura y lo seguimos haciendo en la actualidad, cuando sólo días atrás nos hemos reunido con los grupos con representación parlamentaria en Extremadura y sin excepción, han reconocido abiertamente el olvido sistemático de los poderes públicos y la necesidad apremiante de cambiar esta situación», señala la federación.
En nota de prensa, Cermi y Feafes inciden en que, a día de hoy, en los presupuestos de 2016 se prevé un aumento de cuatro millones de euros de las partidas del Sepad, «cuantía insuficiente para cubrir las necesidades reales de las personas dependientes en Extremadura».
Sin embargo, a juicio de ambas entidades, lo que es «inadmisible» y está «fuera de toda razón» que en este aumento «no» se haya previsto ni contemplado «ninguna mejora para las personas con trastorno mental grave y sus programas dependientes del Sepad».
Según explican, estos programas «siguen funcionando con base en una orden de subvención de concurrencia competitiva que no garantiza ni da continuidad a los servicios de atención directa que se ofrece a las personas con discapacidad por problemas de salud mental».
Finalmente, lamentan que en Extremadura «no» exista «aún» política social ni representantes políticos que actúen «coherentemente para con la Salud Mental», y avanzan que se plantean la «necesidad» de llevar a cabo acciones sociales que informen a la ciudadanía sobre este trato «discriminatorio» y que requiere, a su juicio, de una intervención pública e institucional «equitativa».
