La Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha presentado el Plan de Ajuste que ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno y al que se le dará traslado a todos los grupos parlamentarios y a los agentes de la concertación social. Un plan que evaluará la condicionalidad fiscal del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas 2016, y dentro del cual se garantiza el «compromiso» con los objetivos de estabilidad pero sin recortes que afecten a la vida de la gente.
![[Img #50036]](upload/img/periodico/img_50036.jpg "Se presenta el Plan de Ajuste de Extremadura para el Ministerio de Hacienda")
Un plan solicitado por el Gobierno Central al pedir la solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico, según Blanco Morales, este Plan tiene la parte esencial de los presupuestos que se aprobaron en Asamblea, por lo que espera que el Gobierno Central de su visto bueno.
Este plan es una «foto final» de los resultados de los Presupuestos Generales de Extremadura de 2015 y de las previsiones de 2016, con la inclusión de las «reformas estructurales» para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.
La consejera se ha mostrado convencida de que el Ministerio de Hacienda lo considerará “idóneo” y que ello facilitará que la Comunidad Autónoma pueda percibir los 66,1 millones de euros correspondientes al primer trimestre del FLA “que nos permitirá ir afrontando nuestras obligaciones y mejorar la situación de las cuentas públicas de Extremadura”.
Sin embargo, Pilar Blanco-Morales ha expresado su sorpresa por el hecho de que el pasado viernes, horas después de aprobar el presupuesto de 2016, que ya contiene elementos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, el Ministerio de Hacienda haya enviado a la Junta de Extremadura una carta en la que se anunciaba medidas coercitivas contra la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del tiempo medio de pago a proveedores.
En este sentido, la consejera ha insistido en el compromiso de la Junta de Extremadura de alcanzar los objetivos de estabilidad y de que toda la financiación extra que llegue a la región se destine a consolidación del déficit y no a nuevo gasto, pero también ha apelado a la responsabilidad del Gobierno de la Nación, al que ha acusado de permitir unos presupuestos para Extremadura, en 2015, “con un agujero de 600 millones de euros”.
Con este plan, la región se compromete también a reducir el período medio de pago a proveedores, así como a aplicar medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez; y aplicar «reformas estructurales» contempladas en la Declaración para la Concertación Social en Extremadura consensuada con sindicatos y patronal.
Por otra parte, dentro del plan de ajuste presentado al Gobierno, la comunidad se compromete a «limitar» los salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección de las empresas de su sector público, reducir el número de consejeros de los Consejos de Administración de las mismas y regular las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral en proceso.
También, la Comunidad Autónoma de Extremadura se compromete a permitir el acceso y remitir «toda» la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere «precisa» para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.
En la misma línea, la región se compromete a adoptar medidas de Buenas prácticas en materia de gestión económica y presupuestaria, entre otras, la derogación de normas de gestión económico-presupuestarias que «puedan ser contrarias» a los principios del presupuesto.
Dentro del plan de ajuste, además, la Comunidad Autónoma de Extremadura declara que está «al corriente» con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad social, «o el compromiso de estarlo en el plazo de un mes desde el momento de recibir los primeros fondos».
Igualmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura se compromete a adoptar las medidas necesarias para su adhesión a los acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada que pueda desarrollar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
CAMBIO EN EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto del decreto 287/2015, de 23 de octubre, que establece las bases reguladoras del Plan de Empleo Social, con el objetivo de agilizar los trámites burocráticos y facilitar un mayor número de contratos, especialmente en el programa II, dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas.
La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado en la rueda de prensa que este decreto se aprobó con urgencia en 2015 ya que su finalidad era fomentar la contratación de trabajadores en paro que no cobraran ningún tipo de prestación y se encontraran en riesgo de exclusión social.
El decreto establecía dos modalidades de ayudas, una dirigida a la contratación de estas personas por parte de municipios y entidades locales menores, y una segunda línea dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas.
La modificación aprobada hoy por el Consejo de Gobierno recoge, por ejemplo, una demanda de los ayuntamientos y entidades locales menores para que no se excluya como beneficiarios de los contratos a personas que “cobren una pequeña prestación de cualquier otra índole”.
Por lo que respecta al programa II, se eliminan algunas trabas burocráticas que han supuesto obstáculos para poder realizar más contrataciones, como por ejemplo, el límite de 10 contrataciones como máximo por empresa, según explicó Gil Rosiña.
La portavoz hizo balance de la ejecución del Plan y señaló que, dentro del programa I, se han realizado 1.700 contrataciones en la primera fase de ejecución del Plan. Para la segunda, prevista para el próximo mes de junio, se podrán realizar entre 1.700 y 2.000 contrataciones más, señaló.
Por lo que respecta al programa II, la portavoz informó de que se han hecho 178 contratos y se estima que en la segunda fase de ejecución se puedan formalizar otros 600.
OTROS ACUERDOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión de un bien inmueble en la ciudad de Badajoz, propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a favor de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Se trata de un bien de naturaleza rústica con una superficie de 117,105 hectáreas, denominado “Riberas del Guadiana”, y afectado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado al SES para la contratación de la obra “Nueva Unidad de Hospitalización Onco-Hematológica Pediátrica en el Hospital Materno Infantil de Badajoz”, por un importe de 842.083 euros.
La actual Unidad de Onco-Hematología Pediátrica cuenta con una estructura física que no cumple con los requisitos exigidos, siendo necesario aumentar el número de camas de las cuatro actuales a once, así como dotarla de un Hospital de Día para la realización de procedimientos diagnosticados y terapéuticos, entre otros.
El objetivo es crear un centro de referencia regional para tratar a niños con tumores sólidos y leucemias/linfomas.
