La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha solicitado al PP que «deje» al poder judicial «hacer su trabajo» en el caso de las subvenciones para cursos formativos a CCOO, UGT y la Creex, ya que si se anticipase a la resolución de la Justicia entonces la formación ‘popular’ podría «culpar a inocentes».
Así, ha indicado que la Junta está adoptando «todas las medidas necesarias, todas las medidas que son solicitadas por la justicia» en el citado asunto, tras lo cual ha recordado que el pasado mes de febrero el Ejecutivo extremeño remitió a la justicia «toda la información» requerida sobre los planes formativos que fueron adjudicados en diciembre de 2011 y que fueron ejecutados en 2012 y 2013.
En respuesta a una pregunta del PP en el pleno de la Asamblea de este jueves sobre la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presunta comisión de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad documental por parte de la patronal, UGT y CCOO, la consejera ha pedido, en consecuencia, al PP que «deje» al poder judicial «hacer su trabajo».
«No se anticipe, podría usted culpar a inocentes», ha dicho, al tiempo que ha recalcado que la Junta «mientras tanto» tiene que continuar con las «labores de gobierno», incluidas el desarrollo de las políticas activas de empleo, las cuales se van a ejecutar según ha incidido «con la participación de un amplio número de agentes sociales».
En todo caso, Esther Gutiérrez ha aseverado que «todas» las actuaciones de la Junta «estarán sometidas a los mecanismos de garantía y control del ordenamiento jurídico para cada uno de los expedientes que se cree, hasta su cierre»; al tiempo que ha defendido también que «siempre ha existido mecanismos de comprobación y control».
De igual modo, ha afirmado que el anterior Ejecutivo regional del PP «analizó sólo un 10 por ciento de los expedientes del 2011, para luego dejar de comprobar la documentación administrativa y dejar sin resolver tanto el 2011, como 2012 y 2013». «Poco se puede ayudar a la justicia si no se analizan por completo y se cierra administrativamente», ha añadido.
Además, ha recalcado que el Ejecutivo regional está «analizando el uso de todos los fondos públicos» que el anterior Gobierno autonómico del PP transfirió, dentro de la «parte administrativa que le corresponde a la Junta». «En cuanto al proceso judicial actuaremos con total colaboración y respeto», ha concluido.
MEDIDAS PROVISIONALES
Por su parte, la diputada del PP María Ángeles Muñoz ha recordado que «la Fiscalía Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada piensa que hay presunta comisión de hechos delictivos» en el asunto de subvenciones por cursos formativos, y ha incidido en que «la presunción de inocencia en un procedimiento penal no impide la adopción de medidas cautelares».
Al mismo tiempo, ha subrayado que al PP le interesa saber si la Junta ha «pagado ese 25 por ciento de las subvenciones que el Gobierno (regional) del PP en cumplimiento legal no pagó y que ahora el fiscal pide que se retenga».
También ha preguntado «en qué situación está o no el procedimiento de control del 90 por ciento de las acciones formativas correspondientes a 2011»; así como si la Administración regional «ha continuado por lo menos a partir de la denuncia con el procedimiento de reintegro de las subvenciones del año 2012 y que se inició el año pasado».
«La única intervención obligada por parte del órgano gestor en estos procedimientos es precisamente realizar estos controles que por alguna cosa que desconocemos nunca antes habían realizado (el PSOE)», ha señalado.
En esta línea, ha defendido que «la presunción de inocencia en un procedimiento penal no impide la adopción de medidas cautelares y en el administrativo de la adopción del ejercicio de acciones de recuperación de cantidades debidas a la Junta de Extremadura».
Como «acción de recuperación» por parte de la Junta, la ‘popular’ ha criticado además la de «incrementar a los presuntos autores de presuntos delitos cuyas irregularidades ustedes conocían perfectamente en su consejería un 44 por ciento la subvención nominativa». «No sé si esto se debe a que pretendían incrementar los bienes embargables de sus cogobernantes CCOO, UGT y la Creex», ha añadido.
Ha considerado así que el «diálogo social» del Ejecutivo regional «consiste en pagar el silencio y el palmeo ante las políticas antisociales y antiempleo que desempeñen».
