Unas cien personas se concentran para exigir la DIA de la Mina de Aguablanca

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este miércoles, día 8, ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para exigir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permita la explotación de la Mina de Aguablanca de la localidad pacense de Monesterio.

El presidente del comité de empresa, Eloy Sánchez Sánchez, ha afirmado que, como en las anteriores protestas, tienen que «seguir exigiendo que el problema de la DIA no» lo sea para los trabajadores de Aguablanca, así como que quieren que las administraciones «sigan» apoyándoles y estén de «su lado».

«Hemos tenido apoyo por parte de los políticos más cercanos como son ayuntamientos, Junta de Extremadura, pero de lo que es por parte del Gobierno no hemos tenido ni ayuda ni solución ninguna», ha puntualizado.

La protesta ha contado además con la presencia de los secretarios generales de CCOO en Extremadura, Julián Carretero, y de UGT, Patrocinio Sánchez; el portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén; el portavoz del PSOE en la cámara legislativa regional, Valentín García; y los candidatos socialistas al Congreso y al Senado Marisol Pérez, Patricia Sierra, Carmen Pereira y Valentín Cortés.

También han acudido alcaldes de la zona como el de Monesterio, Antonio Garrote, al tiempo que se ha acercado la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, que ha mantenido un encuentro en la Delegación con el comité de empresa en el que han abordado este asunto.

COMITÉ DE EMPRESA

Eloy Sánchez Sánchez ha señalado en relación a que Cristina Herrera haya confiado en que en «breve tiempo» se puedan tener «noticias» de la DIA de la Mina Aguablanca que están «un poco más esperanzados» pero que «palabras no» quieren, sino «hechos».

«Queremos que, de una vez por todas, la resolución sea favorable y que se conceda cuanto antes (la DIA) para que esas posibles empresas que están interesadas por el proyecto de Aguablanca puedan llegar a un posible acuerdo con la empresa Lundin Mining y que el proyecto de Aguablanca no caiga en el olvido y que sea un proyecto a futuro», ha expuesto.

Asimismo ha recordado que el 30 de junio, cuando cumple el tiempo pactado con la empresa para que se hagan efectivos los despidos, «está a la vuelta de la esquina» y que si llega la Declaración antes de esa jornada no saben si las empresas interesadas «llegarán a algún acuerdo posible» con Lundin Mining, pero que si no se aprobase ese día seguirán con su «lucha» y sus «reivindicaciones». «Tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para que esa DIA esté cuanto antes», ha asegurado.

SINDICATOS

Por su parte, Julián Carretero ha aseverado que se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Extremadura porque «sigue estando la patata caliente en manos del Gobierno en funciones» y «en el Gobierno de Rajoy» y ha criticado que «parece mentira» que «a estas alturas» no haya una DIA.

«Faltan muy pocos días para terminar el acuerdo al que empresa y trabajadores llegaron precisamente para poder continuar la actividad de la Mina Aguablanca una vez que Lundin Mining salía, por tanto los trabajadores hemos cumplido, los sindicatos hemos cumplido, en estos momentos le falta cumplir al Gobierno de España y que la Declaración de Impacto Ambiental esté ya», ha solicitado.

En relación al futuro de la Mina de Aguablanca, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha explicado que, según les han trasladado desde la Consejería de Economía, una empresa ya ha visitado Aguablanca y que hay otras cuatro más «interesadas», pero que desconocen el nombre y, hasta que no esté la DIA, ninguna de ellas «puede hacer absolutamente nada».

«Es algo inadmisible e inaceptable que desde el 28 de junio del 2015 se pidiera la Declaración de Impacto Ambiental, se podría haber tardado aproximadamente como seis meses y llevamos prácticamente 11 meses y todavía no se sabe nada», ha aseverado, para criticar que se está «jugando» con el trabajo de 400 trabajadores directos y 20.000 indirectos.

Carretero también ha sostenido respecto al presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, que en los «conflictos empresariales» en la región «ha estado escondido los cuatro años que gobernó y sigue escondido» y le ha solicitado que pida a Rajoy que «traiga la DIA cuanto antes», mientras que Sánchez ha defendido que los sindicatos son «beligerantes» con aquel partido político que «no hace las cosas como las tiene que hacer» y que a Monago «le corresponde» la reforma laboral del PP y la situación en las empresas extremeñas.

PSOE Y PODEMOS

A su vez, Marisol Pérez ha incidido en que el Partido Socialista se suma a la concentración «con una razón más aparte de todas las que tienen los mineros» puesto que su formación presentó una iniciativa en la Comisión de Industria del Congreso que se aprobó por unanimidad de todos los grupos «exigiendo» al Ministerio de Medio Ambiente que «tuviera la DIA a finales de abril o como muy tarde primeros de mayo».

«No es un gobierno en funciones, es un gobierno que no funciona, ni cuando estaba en plenitud ni ahora y exigimos que se haga caso también al Parlamento. Extremadura necesita esa DIA ya para salvar muchos empleos en la Mina de Aguablanca, por eso estamos aquí con ellos apoyándolos», ha asegurado.

Por último, Álvaro Jaén ha dicho que desde Podemos están «dolidos» porque los mineros son «conscientes» de que hay empresas que quieren continuar con la explotación pero que «por una cuestión administrativa como es esa Declaración de Impacto Ambiental siguen todavía con la amenaza de, al final, quedarse más tiempo en la calle», de modo que, a su juicio, «lo que hay que exigir es que el Gobierno central en funciones haga su trabajo».

«Y para eso la Junta tiene que presionar para que esa DIA salga cuanto antes», ha reclamado, para subrayar que «es su papel» como gobierno de la comunidad que «tiene que defender a sus trabajadores» y «tiene que, en ocasiones como ésta, decir al Gobierno central que tiene que hacer lo posible para que esa DIA que hace dos meses prometieron que iban a sacar esté cuanto antes para que por fin las empresas que quieren continuar con la explotación lo puedan hacer».