“Evitar que haya gente sin casas y casas sin gente”. Ese es el objetivo último de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, según ha defendido esta mañana en el pleno de la Asamblea de Extremadura el consejero José María Vergeles. Este proyecto de ley, ha dicho, tiene anclaje legal, es centrado, equilibrado y cumple con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna. El proyecto superó el debate de totalidad y seguirá su tramitación parlamentaria.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha defendido que la ley no distorsiona ni interviene en el mercado inmobiliario. “Hay un equilibrio entre los derechos de las personas y la preservación del sector de la construcción como sector económico importante”.
En su intervención ante el pleno de la cámara, Vergeles ha considerado que no es un proyecto de ley aislado sino que se enmarca en las políticas de vivienda llevadas a cabo por la Junta de Extremadura. Políticas como el Observatorio para conocer la realidad del parque residencial de viviendas de Extremadura, la protección a las familias del sobreendeudamiento y de las ejecuciones hipotecarias, la modificación del acceso a las viviendas de régimen de alquiler, el convenio con la sociedad de activos SAREB, las mesas de trabajo con las entidades financieras, las aminoraciones del alquiler social o las medidas especiales para personas en riesgo de exclusión social. “Por tanto, este proyecto es una medida importante pero dentro de un todo de la política de vivienda de la Junta de Extremadura”, ha explicado.
El proyecto de ley consta de 3 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales y su anclaje legal es “la función social de la vivienda y su destino efectivo a su uso habitacional”.
El proyecto de ley atribuye a la Junta de Extremadura el derecho de tanteo sobre las viviendas de protección pública que enajenen las entidades financieras con el solo objetivo de destinarlas al alquiler social y contempla, a través de la intermediación bancaria en coordinación con otras instituciones, la protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria. Según el consejero, para evitar que haya gente sin casas y casas sin gente “proponemos sancionar a personas jurídicas por viviendas vacías” y “mantenemos el objetivo de desahucios cero para familias que no pueden pagar”. En ese sentido, la ley permite expropiar el usufructo de viviendas objeto de ejecuciones hipotecarias.
Vergeles también ha aludido a la intención del ejecutivo de que la ley se mantenga en el tiempo. En consecuencia, se han atendido “prácticamente todas las cuestiones que planteaba el Consejo de Estado” en el informe solicitado por la Junta, por lo que es “respetuoso” con la legislación estatal.
ENMIENDA DEL PP
Por su parte, durante el debate de la enmienda de totalidad de su grupo al proyecto de ley, y con la que solicita la devolución del texto a la Junta, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha advertido de los «cientos» de desahucios aplicados en Extremadura en lo que va de legislatura; y ha considerado «un descarado corte y pega» la ley que presenta la Junta a las pretendidas sobre la misma cuestión en Andalucía y en otras comunidades, y sobre las que el TC ha rechazado algunos aspectos, recuerda.
Así, ha entendido que la ley es a «todas luces» inconstitucional porque «afecta al derecho de la propiedad» y ello tendría que ser determinado por las Cortes Generales, ha señalado.
En la misma línea, ha indicado que la Junta «no» ha realizado los «cambios necesarios» en el proceso de elaboración de la ley porque «al gobierno de Vara no le interesa una Extremadura libre de desahucios» sino «el enfrentamiento permanente con el Gobierno central».
«Vara es consciente de que no puede cumplir con su promesa electoral de una Extremadura libre de desahucios», ha señalado el ‘popular’, quien ha advertido de que la ley «no va a servir para dar solución al problema de los desahucios».
ENMIENDA DE CIUDADANOS
Asimismo, en defensa de la enmienda de totalidad planteada por su grupo, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha lamentado la «estrategia» de la Junta de difundir ante la opinión pública que la oposición «no» permite sacar adelante la ley, cuando en realidad, ha dicho, la misma tiene «indicios importantes» de inconstitucionalidad; y ha pedido la retirada del proyecto de ley para introducir las «correcciones» que plantea el Consejo de Estado.
De igual modo, y tras señalar que las disposiciones adicionales de la ley «llevan la trampa de la legalidad» en materia como los «expedientes contradictorios», ha defendido el «derecho fundamental a la vivienda»; al tiempo que ha ahondado en que la norma planteada por la Junta «no» se puede elaborar desde la comunidad, por aludir en en su contenido a «competencias exclusivas del Estado».
«Nos van atener con ustedes en contra de los desahucios y a favor de la vivienda digna, pero en contra del chalaneo que quieren hacer con esta ley» que tendrá «poco recorrido», ha señalado la portavoz de Ciudadanos, que ha abogado por que la norma sea «consensuada» para que la misa aporte «seguridad jurídica» en la materia a la que alude.
POSICIÓN DEL PSOE
Por su parte, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández entiende que detrás de la misma hay una cuestión «puramente ideológica» porque, a su juicio, los ‘populares’ «no han creído nunca en esta ley». «Vetaron este mismo texto en la legislatura anterior», ha dicho.
«La razón de su no no es una cuestión jurídica sino puramente ideológica», ha sentenciado la diputada socialista, quien ha resaltado que la ley supone «un antes y un después a la forma de entender» la política de vivienda en Extremadura.
Así, ha incidido en que la ley que plantea la Junta pretende «garantizar» el «derecho a una vivienda digna», al tiempo que ha destacado que la política en esta materia «ha cambiado mucho» respecto a la anterior legislatura, cuando gobernaba el PP.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE PODEMOS
Por su parte, en defensa de la enmienda a la totalidad planteada por su grupo, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha indicado que la norma presentada por la Junta «deja fuera» cuestiones «importantes» en materia de vivienda, así como que la misma podría ser, apunta, inconstitucional.
En todo caso, ha indicado que a Podemos «no» le basta con la formulación de un posible recurso de inconstitucionalidad sobre el texto de la Junta porque «según las gafas con las que se mire» (en alusión a los jueces) se determinaría o no la inconstitucionalidad del texto, ha indicado.
En esta línea, ha considerado además que la ley que presenta la Junta «se queda corta» en las medidas a adoptar en materia de vivienda, así como en la determinación de sus posibles beneficiarios, ha dicho.
Así, y tras criticar los «desalojos porque no se es capaz de pagar alquileres», ha señalado que el texto alternativo presentado por su formación al formulado por la Administración regional «sí obliga a la mediación en el caso de desalojo por alquiler en personas jurídicas».
De igual modo, y tras subrayar también que el PP «no quiere cortarle el negocio a los grandes capitales», ha incidido en que en Extremadura actualmente con el PSOE en el poder «se están desalojando viviendas sociales a gente que lo único que ha hecho es haber ocupado una vivienda de manera irregular porque no tenía otra opción».
