UPA UCE Extremadura alerta de que agricultores y ganaderos verán aumentados los costes de sus seguros en casi un 35%

La organización agraria UPA UCE Extremadura ha alertado de que los agricultores y ganaderos de la región verán aumentados los costes del seguro agrario en casi un 35 por ciento de media.

Por ello, dicha organización profesional agraria acudirá a la Comisión General de Seguros Agrarios para intentar frenar el «recorte brutal de las ayudas» que se plantea desde Madrid.

 

En este sentido, UPA-UCE ha calificado la medida de «salvaje» y ha alertado «del retroceso que va a suponer en la contratación», ya que «provocará el abandono de los seguros o la migración hacia otras modalidades más baratas, pero con menores coberturas para los productores y más riesgo» para las explotaciones.

 

Así, la organización ha explicado en nota de prensa que el seguro agrario se ha convertido en una herramienta «fundamental» para el mantenimiento de la renta agraria en la región.

 

De este modo, «pese a los recortes sufridos por parte del anterior Gobierno regional, que eliminó la ayuda autonómica», y del Ministerio de Agricultura; los agricultores y ganaderos «saben de la importancia del seguro agrario», y desde hace años se ha incrementado la contratación de estos «para garantizar la protección de las producciones agrícolas y ganaderas».

 

Sin embargo, la propuesta de Agricultura de recortar un 10 por ciento la subvención base del Ministerio en el siguiente Plan de Seguros Agrarios (el 37º) ha supuesto «un nuevo varapalo» para los agricultores y ganaderos, ya que «este recorte salvaje representa un encarecimiento del coste del seguro agrario en un casi 35 por ciento de media» para los agricultores y ganaderos de la región, según ha señalado el secretario general de UPA UCE Extremadura en nota de prensa, Ignacio Huertas.

 

Algo que «también repercute en la subvención autonómica de la Junta, ya que ésta se calcula en base a la ayuda que otorga el Ministerio», entonces «se puede dar la paradoja de que ahora» que se ha «conseguido dotar con presupuesto suficiente la partida de seguros agrarios autonómica, tras una reivindicación que ha durado años», sobre presupuesto, ha manifestado Huertas.

 

Por ejemplo, en una explotación de vacuno media (90 vacas) de un ganadero A Título Principal (ATP) el coste del seguro anual se cifra en unos 3.500 euros. De este modo, si se descuenta la ayuda que ha percibido en 2016, el seguro le cuesta 1.408,21 euros, mientras que en 2017 el coste del mismo ascenderá a 1916,14 (un 36 por ciento más) si se implementa la medida que propone el Ministerio.

 

En el caso del sector de la fruta, que tiene un nivel de aseguramiento de casi el 100 por cien, se hablaría de incrementos que superan el 30 por ciento. Así, en una explotación media de diez hectáreas de fruta de un agricultor ATP, el seguro tiene un coste de 10.685,72 euros, pero si se descuenta la ayuda que ha percibido en 2016, el seguro le cuesta al agricultor 4.295,66, mientras que en 2017 el coste del mismo ascenderá a 5.684,80 (un 32 por ciento más) si se implementa la medida que propone el Ministerio.

 

En el caso del sector del tomate, cuya superficie sembrada está asegurada casi en su totalidad, se hablaría de incrementos que rondan el 27 por ciento. De este modo, en una explotación media de 14 hectáreas de tomate de un agricultor ATP, el seguro tiene un coste de 3.035 euros, pero si se descuenta la ayuda que ha percibido en 2016, el seguro le cuesta al agricultor 1.456,80, mientras que en 2017 el coste del mismo ascenderá a 1.851,35 (un 27 por ciento más) si se implementa la medida que propone el Ministerio.

 

ESTA MEDIDA PROVOCARÁ «EL ABANDONO DEL SEGURO AGRARIO»

 

Para UPA-UCE esta medida provocará «el abandono del seguro agrario o la migración hacia pólizas más baratas con menor cobertura», ya que «si el sistema funciona» y se incrementa la contratación, «castigan con un recorte de las ayudas», algo que es «un sinsentido», ha indicado UPA UCE.

 

Así, Huertas ha afirmado que «el Ministerio actúa de forma contradictoria al recortar las ayudas al seguro agrario, precisamente el año de mayor contratación de pólizas, lo que pone de manifiesto una mayor confianza del agricultor en el sistema de seguros agrarios que se vendrá abajo si el Magrama continúa con su planteamiento».

 

PROPUESTAS DE UPA UCE PARA EVITAR «ESTE RECORTE»

 

De este modo, la organización profesional agraria ha propuesto una serie de medidas «para evitar este recorte que perjudicaría en gran medida a los agricultores y ganaderos profesionales, especialmente a las explotaciones familiares, cuyo umbral de rentabilidad está al límite».

 

Así, en la próxima reunión de la Comisión General de Seguros Agrarios, que se celebrará el 3 de noviembre en Madrid, UPA-UCE va a defender «la necesidad de frenar el recorte y apuesta por medidas alternativas para asegurar la rentabilidad del seguro».

 

En primer lugar, UPA-UCE va a proponer adjuntar recursos de otras partidas ministeriales para dotar de presupuesto suficiente a los seguros agrarios, ya que «la prórroga de los presupuestos de 2016 significa» que se ha de asegurar con el mismo dinero a más productores «debido al aumento de la contratación».

 

Por ello, «en vez de recortar», ha propuesto «que se busquen otros recursos para que el seguro agrario se mantenga como una herramienta útil para el agricultor o ganadero».

 

En este sentido, la organización apuesta también por un ajuste de las primas por parte de Agroseguro para que los productores puedan mantener el nivel de aseguramiento, ya que si se establece «un recorte lineal para todos los sectores por igual», se perjudica «al más débil», ha incidido Huertas.

 

UPA-UCE ha propuesto este ajuste, «ya que la siniestralidad ha descendido, por lo que Agroseguro tiene margen para reducir las primas». De esta manera, «el Magrama se ahorra parte de la subvención sin incrementar el coste para el asegurado».

 

Por último, UPA-UCE ha alertado «de la necesidad de adecuar la modulación del seguro a la capacidad económica y al tamaño de la explotación» porque «no es justo que las pequeñas explotaciones familiares y profesionales carguen con el peso del recorte igual que las grandes explotaciones. Es necesario priorizar las actuaciones para asegurar la viabilidad de todos los productores», ha concluido Huertas.