Facua-Consumidores en Acción ha rechazado el TTIP y el CETA al considerar que perjudicarán a «numerosos» aspectos la vida diaria de la población, al entender que implican la «cesión» de la soberanía ciudadana en «beneficio» de los mercados, teniendo asimismo un «fuerte» impacto en Extremadura.
El delegado territorial de Facua en Extremadura, José Manuel Núñez, ha trasladado este viernes a la Asamblea regional la valoración de la asociación sobre los tratados de libre comercio que negocia la Unión Europea (UE) con EEUU y Canadá, TTIP y CETA, respectivamente.
Cabe recordar que el TTIP, Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones, y el CETA, Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global, se encuentran actualmente en proceso de negociación.
FACUA-Consumidores en Acción ha expuesto su rechazo a estos tratados de libre comercio en la Comisión no permanente de estudio sobre los efectos del TTIP entre la UE y EEUU en la región. En esta comisión también han comparecido de manera voluntaria la Asociación Española de Denominaciones de Origen y la Confederación Regional Empresarial Extremeña.
Respecto a los tratados, Facua ha considerado que tanto el TTIP como el CETA implican una «mayor» cesión de soberanía en «beneficio exclusivo» de los mercados, y que otorgarán un poder «casi ilimitado» a las «grandes empresas», a la par que «reducirán la capacidad» de decisión de los representantes de la ciudadanía.
Por estos motivos, Facua ha afirmado que dichos tratados internacionales tendrán un «fuerte» impacto en Extremadura, así como en el resto de comunidades autónomas de España.
Ha destacado que ya son siete los municipios extremeños que han aprobado mociones en sus plenos municipales en contra del TTIP, entre ellos se encuentran Badajoz, Carcaboso, Guareña, además de Mérida, Serradilla, Talaveruela de la Vera y Vivares.
«A TODAS LUCES, PERJUDICA A LA CIUDADANÍA»
En esta línea, Núñez ha recodado en su exposición que para contrarrestar la «creciente» oposición de la población, a un tratado que «a todas luces, perjudica a la ciudadanía», algunos líderes políticos y empresariales «defienden que creará empleo» y «facilitará el comercio».
Igualmente, el delegado de Facua ha señalado que estos líderes «no explican de dónde salen las cifras de nuevos empleos que manejan, ni qué condiciones de trabajo y/o derechos asistirán a los trabajadores».
De este modo, «la realidad» es que los aranceles comerciales entre los países de la UE y EEUU ya son «especialmente bajos», con un «dos por ciento de media», y que la «mitad» de los productos que se intercambian entre ambos bloques «no soportan ninguna tasa».
«Lo que el TTIP pone en peligro son los pilares del Estado del Bienestar», como la protección de la ciudadanía y la garantía de funcionamiento de los servicios básicos, que suponen una «traba» a los «beneficios sin límite de las empresas multinacionales», ha añadido el delegado territorial de Facua.
DOCUMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN DEL TTIP
Por otro lado, según los documentos «filtrados» de la negociación del TTIP, que es «secreta», EEUU trabaja para que «desaparezca» el origen del producto en el etiquetado en los alimentos.
Es decir, que una bandeja de carne picada de ternera y cerdo, por ejemplo, no detallará «de dónde viene la ternera, de dónde la carne de cerdo, dónde se procesó y dónde fue envasada antes de entrar en la cadena de comercialización», según ha explicado Facua.
Así, EEUU pretende «acabar con las denominaciones de origen», un distintivo «netamente» europeo, por el que algunos productos «sólo pueden llamarse de una manera si se producen en una región» y con un «proceso de producción» determinados.
De este modo, el citado distintivo hace «especial a numerosos productos alimenticios», como el vino, quesos artesanos o el jamón de pata negra.
Por lo que, si este planteamiento sale adelante, se podría comercializar vino de Jerez hecho en Massachusetts, queso Torta del Casar hecho en California, o jamón de la Dehesa de Extremadura curado en Kansas, según ha explicado.
En este sentido, con la excusa de «liberalizar el comercio entre ambos bloques», el TTIP pretende «eliminar trabas» al comercio, es decir, «acabar con la legislación y protección de los derechos de los consumidores, medioambientales e incluso sociales».
PÉRDIDA DE SOBERANÍA
Del mismo lado, una de las cuestiones «fundamentales» del TTIP es que pretende «desplazar la toma de decisiones», de manera que no sean los representantes democráticos de la ciudadanía quienes decidan sobre la legislación, sino que en ésta influiran y participaran las «grandes» empresas.
EEUU pretende que la normativa que pueda afectar al comercio y a la prestación de servicios sea consultada por las grandes empresas y patronales, hasta el punto de que, en asuntos como la agricultura o la química, no se pueda tomar una decisión sin consultar antes con la industria.
Además de esto, ha trascendido que el TTIP será «vinculante» en todos los niveles de la Administración, por lo que, limitará a los Gobiernos locales, autonómicos y nacionales, que decidan de manera soberana tomar medidas en virtud de la protección de la ciudadanía.
Y enlazado con esto, está la cláusula de «irrevocabilidad», por la que los servicios que sean privatizados no podrán ser devueltos a la gestión pública.
Esta cláusula, «actualmente» vigente en otros tratados de comercio internacional, implica que los Estados no pueden reintroducir un obstáculo a la privatización si ha sido eliminado con anterioridad.
OPOSICIÓN AL CETA
FACUA también ha mostrado ante la Asamblea su rechazo al CETA, por sustentarse sobre las «mismas bases» que el TTIP, al ser una negociación «secreta», que supone la «pérdida de soberanía» y la legislación «a la baja», que conllevará la «pérdida» de derechos de la ciudadanía.
La asociación considera «incomprensible» que el Gobierno de España haya dado una «valoración positiva» para su reciente firma, «pese a estar en funciones cuando ocurrió».
En este sentido, Nuñez ha destacado la «falta» de información de la ciudadanía, y el «rechazo de una buena parte de la sociedad europea», mostrado en las manifestaciones que se realizaron en «numerosas» ciudades, también en Extremadura, entre los días 8 y 15 de octubre.
Así, el delegado ha recordado que la Asamblea de Extremadura aprobó una Proposición No de Ley en la que instó al Gobierno a «no autorizar» la firma del CETA, a solicitar dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos, y a rechazar «cualquier aplicación provisional del mismo».
