El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y Ciudadanos recuperar las 35 horas semanales en la administración local; un asunto en el que el equipo de gobierno del PP ha votado en contra al considerar que se trata de una competencia estatal.
Podemos ha propuesto esta moción debatida en el pleno ordinario correspondiente a este mes y en el que el concejal de la formación morada, Fernando de las Heras, ha puntualizado que la propuesta insta a regular la jornada laboral del personal al servicio del ayuntamiento y sus organismos dependientes en 35 horas semanales de promedio en cómputo anual en el transcurso de este 2017 convocando a la mesa de negociación colectiva con los sindicatos «a la máxima brevedad posible».
«Instar al Estado a devolver esta competencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de llevar a cabo la implantación de esta jornada en el ayuntamiento mediante las fórmulas que se decidan en la negociación colectiva», ha solicitado también, para instar al consistorio y a la delegada de Recursos Humanos a «cumplir» con la normativa y legislación y el acuerdo regulador de los empleados públicos municipales sobre la elaboración de los cuadrantes en los distintos servicios.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, se ha mostrado «de acuerdo» de este punto, en relación al cual ha expuesto que «hay que empezar a recuperar derechos» y que, aunque las competencias para recuperar estas 35 horas son del Estado, hay ayuntamientos como los de Cádiz, Zaragoza o Marbella que «se han buscado las vueltas» y «han conseguido ajustar ese horario con todos los funcionarios».
En un sentido similar se ha mostrado el portavoz de C’s, Luis García-Borruel, que ha dicho que está «a favor» de que «se pueda dar el primer paso en el ayuntamiento» para que el resto de la región y los funcionarios recuperen las 35 horas y ha recalcado que cuando se produjeron las modificaciones en el horario de este colectivo se hizo «porque hay una crisis económica muy importante», pero que «ya no es tan razonable y no se entiende» que, una vez que «pasa esa crisis», «no se recuperen esos derechos».
La concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, ha señalado por su parte que se trata de una competencia estatal y que las centrales sindicales han llevado esta materia a la Mesa General de Negociación, por lo que ha propuesto una transaccional, que finalmente ha sido rechazada por la oposición, que era «mucho más completa» en su opinión y que insta al Gobierno a que se realice una «revisión salarial a todos los empleados públicos».
Dicha transaccional también pedía que se inicien los mecanismos para implantar «de manera integral» una jornada de 35 horas de promedio semanal, según ha explicado al edil ‘popular’, que en un segundo turno de palabra ha avanzado que la Oferta de Empleo Público o el abono de la carrera profesional «se sacará» en el ayuntamiento pero requiere de «trámites» en los que están trabajando y se ha mostrado «dispuesta» a «negociarlo todo», aunque «siempre y cuando sea legal».
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL
El pleno, que ha tenido un receso para guardar un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia de género en España, también ha dado luz verde a dos modificaciones del Plan General de la ciudad que han salido adelante con los votos a favor de PP y C’s y la abstención de PSOE y Podemos Recuperar.
La primera de ellas es una aprobación inicial de una modificación estructural para flexibilizar los criterios del Plan con el objetivo de que se puedan implantar usos o actividades industriales, agropecuarias o de equipamientos en el suelo no urbanizable situado en el conjunto del término municipal de la ciudad.
El otro punto es una aprobación provisional, la definitiva la otorga la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (Cuotex), de una modificación puntual del Plan General para flexibilizar la compatibilidad de usos deportivos y que forma parte de los puntos incluidos en el acuerdo entre PP y C’s para la investidura de Francisco Javier Fragoso como alcalde.
OTROS ASUNTOS
Asimismo, el pleno ha dado cuenta de una declaración institucional por el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de los refugiados en nuestro país presentada por Amnistía Internacional y que ha procedido a leer el secretario municipal.
La declaración lamenta que se asiste a «una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia» y que a principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas de sus hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen han superado los 65 millones según datos de Acnur.
Ante esta situación que «está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria», la declaración insta al Gobierno de España a que «agilice de manera significativa» el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento y a que en el plazo previsto cumpla los compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas.
También se han rechazado con los votos en contra del PP, a favor de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos dos mociones presentadas por Podemos, una de ellas para crear un nuevo subsidio especial agrario y acerca de lo cual la concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Blanca Subirán, ha señalado que el «lema» de la moción es «no al empleo sí al subsidio» y el del PP «más empleo y menos personas con necesidad de ser subsidiados» y que esta propuesta «no incentiva el trabajo» ni «la dignificación» del mismo.
Tampoco ha salido adelante otra moción en la que la formación morada pide apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso, que según ha explicado el portavoz de Podemos, Remigio Cordero, pide apoyar la derogación y modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local e instar al Gobierno y a los grupos del Congreso que faciliten y apoyen un proceso en el que participen las asociaciones locales o las de municipios.
A este respecto, el portavoz del PP, Celestino Rodolfo, ha sostenido que Cordero les pide «creer en aquello que no se conoce» al hablar de una proposición de ley que «no acompañan» y de la que «no» se sabe en qué términos está redactada por Podemos en Madrid.