La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha lamentado que España «llegue tarde otra vez» al debate sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea a partir de 2020, y reclama una «posición fuerte» del país frente a las «amenazas» que se plantean tras el Brexit o la negociación y aprobación de acuerdos de libre comercio transnacionales como el CETA.
Asimismo, desde la organización extremeña reclaman que continúe profundizándose en la «figura del agricultor activo para que el presupuesto llegue a los verdaderos profesionales de la agricultura». En ese sentido, UPA-UCE apuesta por dar prioridad a la explotación familiar y profesional en las ayudas europeas, además de proponer que el presupuesto de ayudas acopladas llegue al máximo disponible.
Asimismo, reitera su reclamación de «una PAC más común, que sirva para solucionar los problemas que actualmente tienen los agricultores y ganaderos, como los bajos precios en la práctica totalidad de los sectores». «Está claro que hay que volver a recuperar los mecanismos de regulación de mercados y el principio de reciprocidad cuando se negocien las relaciones comerciales con terceros países», apunta la organización en una nota de prensa.
Asimismo, UPA-UCE rechaza «cualquier recorte de fondos o el trasvase del presupuesto de los pequeños agricultores y ganaderos a los grandes terratenientes», como según indican sus responsables «ya ha sucedido con la actual PAC».
De este modo, UPA-UCE propone que se establezca un techo de ayudas por explotación en 150.000 euros, que en caso de que se aplicara «se dispondría de 75 millones de euros más para los pagos acoplados». También apuestan por el establecimiento de una ayuda a las primeras hectáreas, como tienen Francia o Alemania, para paliar la convergencia en las explotaciones profesionales.
Además, UPA-UCE señala que es necesario cambiar el modelo de regionalización actual, ya que se trata de un «sistema complicado, injusto y discriminatorio en el que se distribuyen las ayudas en función de la zona donde tengas la explotación y no de lo que produzcas».
Una situación que perjudica a los productores de regadío de Miajadas, Escurial, Navalvillar de Pela, Campo Lugar, Alcollarín, Madrigalejo y Almoharín; a los que «se les ha expulsado de la comarca de Don Benito», así como a los tabaqueros del Valle del Alagón.
Por último desde UPA-UCE recuerdan que el Gobierno de España debe defender la revisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), porque hay que tener en cuenta «la realidad de la ganadería extensiva de Extremadura que, ahora mismo, Europa no entiende».
El CAP es «un coeficiente de obligada aplicación» que trata de adecuar a la realidad las superficies de pastos declaradas por los ganaderos, una vez deducidas aquellas partes no acordes como superficie de pastos que recogen los Reglamentos de la Política Agraria Común (PAC).
La UE considera que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no puede ser considerada como pastos. Por lo tanto, la institución europea calcula que la extensión que tiene derecho a ayudas es inferior a la que se ha pagado y por lo tanto exige la devolución de la diferencia (a Extremadura se le solicita el pago de 79 millones de euros).
«Nuestro ganado sí pasta bajo los árboles de la dehesa, por lo que reclamamos a Bruselas que reconozca la verdadera capacidad de producción de pasto aprovechable en nuestra dehesa, y esta es una reivindicación que España debe llevar por bandera», concluye la organización agraria.
