Los Ayuntamientos que no presenten cuentas o incurran en déficit perderán las competencias

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El Gobierno descarta suprimir municipios (hay 8.117), pero para ahorrar está decidido a dejar a muchos sin competencias para prestar servicios. El último borrador de proyecto de ley para la reforma de la Administración local elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas incluye un mecanismo específico y el plazo de un año para que los Ayuntamientos más pequeños que incurran en déficit, no presenten unas cuentas transparentes o no cubran los servicios a los ciudadanos con un mínimo de calidad y a coste razonable, cedan automáticamente sus competencias a la instancia local superior: diputación o cabildo, según ha sabido El Confidencial.

La reforma de la Administración local que prepara el Ejecutivo sigue en fase de modificaciones para que pueda contar con el apoyo de la Federación Española de Municipios y también del PSOE. Pero el tiempo de la negociación se agota, según reconocen en fuentes gubernamentales, entre otras cosas porque las arcas públicas necesitan medidas urgentes de ahorro y el proyecto de Hacienda está bloqueado desde el pasado verano.

El Gobierno espera que los socialistas, que estos días repiten que el acuerdo está muy lejos, se avengan al pacto después de la reunión que el Comité Federal del partido tiene convocado para el 12 de enero. Alfredo Pérez Rubalcaba tiene que hacer muchos equilibrios ante los distintos sectores del PSOE, pendientes del grado de dureza con que se aplica a su labor al frente de la oposición. Además, en la cita de la próxima semana se enfrenta al debate sobre los plazos para convocar las primarias.

En medios del Ejecutivo dan por hecho que hasta después de esa cita no podrán cerrar un acuerdo que es inevitable que vaya de detrimento de las competencias, salarios y puestos de muchos alcaldes y concejales, incluidos los socialistas, sobre todo en Andalucía, el principal feudo electoral y reducto de poder autonómico y local que le queda al PSOE. Ese feudo tiene un ‘señor’ que es José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y primer opositor de Rubalcaba.

Aprobado en enero con o sin acuerdo con el PSOE

La última reunión entre representantes del Ejecutivo y del PP con dirigentes socialistas se celebró el pasado día 26 y hubo un alto grado de acercamiento. Aunque después del Comité Federal del día 12 no se cerrara el pacto, el Gobierno está decidido a aprobar la reforma de la Administración local antes de que termine enero, según las citadas fuentes.

Después de las últimas conversaciones con los socialistas y con la Femp, lo más novedoso incluido en el borrador del proyecto de ley es el mecanismo ‘objetivo’ para agrupar competencias municipales en Diputaciones y cabildos. Hacienda proponía fijar criterios de población y presupuestarios para concentrar los servicios de los municipios más pequeños (se habló primero de los 20.000 habitantes) en las Diputaciones. Ahora se afina más. Durante un año desde que entre en vigor la ley (si todo va bien para el próximo verano) todos los ayuntamientos se someterán a una auditoría para saber  qué servicios prestan y a qué coste lo hacen. Se establecerán unos modelos de prestaciones mínimas y una media de fondos necesarios para cubrirlas. Si resulta muy caro, se obligará a los ayuntamientos correspondientes que tengan un coste superior a lo admitido a ceder esos servicios a Diputaciones o cabildos.

El Gobierno quiere saber cuánto cuesta a cada entidad local cumplir con sus obligaciones ante los ciudadanos y tener el dato per capita. Además, los ayuntamientos tendrán que presentar unas cuentas transparentes ante el máximo órgano fiscalizador del Estado (ahora dos terceras partes no lo hacen) y demostrar que pueden cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria.

El mecanismo de quitar competencias a los ayuntamientos será reversible. En el caso de entidades locales sin déficit, que pongan al día sus cuentas y las hagan públicas, y demuestren que pueden prestar esos servicios a un coste razonable podrán recuperar las competencias en cuestión que se haya quedado la Diputación.

La mayoría de los municipios, susceptible de recorte de servicios

El proyecto de ley fija previamente un nuevo reparto de competencias en el ámbito local para acabar con las actuales duplicidades o invasiones en las funciones propias de cada instancia, que se suelen cruzar entre ayuntamientos, cabildos, diputaciones, veguerías o mancomunidades de municipios. En el caso de estas últimas instituciones, la entrada en vigor de la ley podrá conllevar su desaparición automática, pues ni siquiera presentan cuentas de sus actividades. Sólo seguirán vigentes las mancomunidades que puedan servir a su vez para agrupar los servicios de los municipios que ahora dicen tutelar o coordinar.

Según fuentes gubernamentales, “no se trata de suprimir municipios, pero sí de ‘absorber’ y concentrar los servicios de los ayuntamientos más pequeños y deficitarios, que es la forma más rápida y sencilla de ahorrar en la Administración local sin recortar prestaciones al ciudadano”. Los datos objetivos demuestran que hay un gran margen de ahorro en prestaciones: de los 8.117 municipios que hay en España, 7.717 tienen menos de 20.000 habitantes y, de entrada, son susceptibles de ‘recortes’. Además, 6.799 tienen menos de 5.000 habitantes.

Vía El Confidencial.com


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