CCOO cree que tal oferta no atiende a las necesidades de la economía regional y está desequilibrada territorialmente.CCOO reclama una evaluación integral de las escasa políticas realizadas a través del Plan 3 E, incidiendo en unos criterios de reparto más equitativos en función de las personas desempleadas que hay en la localidad o mancomunidad y no en función de la oferta existente de los centros colaboradores.
Para este sindicato, la oferta, de sólo 238 cursos para personas desempleadas en todo el año 2013, sigue la tónica de escasez y de recortes del año 2012, de tal forma que tan solo un 2,4 por de las personas que se encuentran registradas como demandantes de empleo en el SEXPE podrán ser seleccionadas finalmente para uno de estos cursos.
Para CCOO, » Esta realidad nos lleva a una media en Extremadura de ofertar una plaza en estas acciones formativas por cada 40 desempleados. Este escaso porcentaje sube en ciudades como Cáceres al 4,5 por ciento o baja a un insignificante 0,5 por ciento en la mancomunidad de Sierra de Gata/Moraleja, lo que refleja también un reparto desigual entre zonas.
Estos datos contradicen las declaraciones realizadas por el presidente extremeño, José Antonio Monago, en el mensaje de final de año, cuando aseguró que “la formación es la clave para salir de la crisis”. Todo ello cuando de las 145.995 personas desempleadas inscritas en el SEXPE, 108.331 no superan la formación de la ESO.
Con este panorama, CCOO reclama una evaluación integral de las escasa políticas realizadas a través del Plan 3 E, incidiendo en unos criterios de reparto más equitativos en función de las personas desempleadas que hay en la localidad o mancomunidad y no en función de la oferta existente de los centros colaboradores.
Los cursos aprobados en ocasiones no tienen nada que ver con las necesidades empresariales de la zona ni con sectores emergentes ni se encuentran dentro de los Pactos Territoriales de Empleo, marco en el que se decidieron bajo consenso territorial aquellas acciones formativas necesarias para cada comarca y en el que estaban presentes las asociaciones empresariales como futuros empleadores.
En esta línea, se encuentran más acciones formativas en otras comarcas que dejan ver la falta de planificación existente, primando a los centros colaboradores frente a las necesidades empresariales y que se traduce en una ineficacia a la hora de gestionar los recursos económicos, que son de todos, al financiar cursos de formación desligados con el mundo empresarial y que por tanto no se traducirán en contrataciones laborales.
Por otro lado, CCOO reclama la territorialización con participación de los agentes sociales y económicos en la planificación, control, seguimiento y evaluación de las políticas activas.
Dentro de la escasez de esta oferta, además se manifiesta un evidente desequilibrio territorial ya que hay localidades como Cáceres que mantienen la posición menos desfavorable con una media de 22 posibles demandantes por plaza formativa, seguida de Badajoz, con 23 y Mérida, con 26. Plasencia, se encuentra por encima de la media con 46. En el caso de las Mancomunidades, tan solo la Mancomunidad de las Hurdes con 21, la Mancomunidad de Tierra de Barros-Rio Matachel, con 27, y la Mancomunidad de la Vera, con 29, se encuentra por debajo de la media extremeña en este tipo de oferta.
El resto sufre importantes desequilibrios, encontrando la situación más extrema en la Mancomunidad de Gata-Moraleja con una media de posibles demandantes de formación de 194 personas desempleadas para una plaza.
El resto de medias son las siguientes: Mancomunidad Siberia (166), Mancomunidad Lacar-Los Baldios (157), Mancomunidad Rivera de Fresnedosa (116), Mancomunidad Integral de Municipios Centro (115), Mancomunidad Sierra de Montánchez (106), Mancomunidad Tajo-Salor (92), Mancomunidad de Olivenza (73), Mancomunidad de Ambroz (70), Mancomunidad Tierra de Granadilla (69), Mancomunidad Valle de Alagon (69), Mancomunidad Tierra de Barros (65), , Mancomunidad Tentudia (62), Mancomunidad La Serena ( 62), Mancomunidad Valle del Jerte ( 61), Mancomunidad Rio Bodión (57), Mancomunidad Llerena (50), Mancomunidad Ribera del Tajo (48), Mancomunidad Zona Centro (46), Mancomunidad Guadiana (44), Mancomunidad Serena-Vegas Altas (42), Mancomunidad Campo Arañuelo-Navalmoral (42), Mancomunidad Sierra de San Pedro (40), Mancomunidad Trujillo (40), Mancomunidad Sierra del Suroeste (38)».
Esta situación se vuelve más pronunciada cuando este año se va a solicitar junto con la inscripción del curso (una vez que el alumno ha sido admitido), un certificado de empadronamiento en la localidad donde se va a impartir el curso como uno de los criterios de selección. Esta medida ahonda en la desigualdad pretendiéndose el ahorro de las becas de transporte. Esto es significativamente un elemento que discrimina a personas que viven en entornos rurales puesto que tendrán menos oportunidades para realizar acciones formativas.
