Cada español no político tiene un
plan para acabar con la crisis, como cada español no seleccionador de fútbol
hubiere una selección ideal para ganar todos los campeonatos. Los españoles nos
erguimos en seleccionadores de todo y de la nada, en revolucionarios capaces de
acabar en la calle, a voces, con pancartas o a tiros, con la pléyade de
políticos impresentables que, en lugar de apaciguar la vida, templar los ánimos
y hacer posible el Estado del bienestar, se lo arrogan para sí, llevando al
pozo del abismo a la llamada clase media que lo sostuviere.
No basta con hacer propósitos de
enmiendas, ni con declaraciones de transparencia, ni con hacer pública nuestras
cuentas y pagos al fisco. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente para
acabar con el tercer problema del país, tras el paro y los problemas
económicos, según el barómetro del CIS de diciembre de 2012, por parte de
quienes debieren dar el ejemplo que se les supusiere. Un país con más de un centenar
de políticos de todo el arco parlamentario imputados por corrupción, que
continúan ejerciendo la política como profesión y no como vocación, y cuyo
censo de sospechosos aumenta cada día, no puede liderar, en modo alguno, la
salida a una crisis, a costa de los que menos tienen, cuando ellos se llenan
los bolsillos a pesar de los recortes que hacen a la mayoría. Los recortes no
deben traspasar determinadas líneas rojas que ahoguen derechos fundamentales y
consolidados en las últimas décadas y que ponen en peligro no solo el Estado
del bienestar, sino la dignidad de la vida misma que hubieren por derecho
constitucional todos los españoles. Ni pueden los políticos, por su propia
dignidad que honra a una mayoría, pedir, como solicitaba hace unos días el ministro
japonés de Finanzas a los ancianos de su país “a apurarse a morir” para
resolver los problemas económicos, tanto como si aquí el ministro del ramo
correspondiente hiciere la misma petición a los pensionistas para resolver el
déficit creciente de la Seguridad Social.
La drástica reducción del déficit
impuesta a España por los organismos internacionales no pueden, de ninguna
manera, acabar con el derecho universal a la sanidad, la educación, las
pensiones y la dependencia, los pilares que sostienen las cuatro patas del
Estado del bienestar, ni que los recortes caigan sobre los funcionarios que
sirven con esmero al sistema.
Ya en los albores de la democracia,
un senador del Reino, que lo fuere durante muchos años, me reconocía que la
citada institución constitucional no servía para nada si no se cambiaban sus
funciones y reglamento. Seguimos igual, porque, aunque parezca que la
Constitución sigue teniendo validez plena, son muchos los que urgen una reforma
para redefinir la estructura del Estado, cada día más debilitado por quienes
solicitan unas competencias exclusivas del propio Estado, por la crisis, por la corrupción y el paro
galopantes y por el mal ejemplo de muchos políticos que no asumen para sí los
sacrificios que piden a los demás. Países europeos de larga tradición
democrática, como Suecia, Dinamarca o Noruega carecen de Senado. Alemania censa
un centenar de senadores y Estados Unidos, uno por cada estado federado de la
Unión. Teóricos del Derecho Internacional y constitucionalistas lo ven como una
cámara prescindible, innecesaria y en peligro de extinción. España tiene 260
senadores, cuya eliminación supondría un ahorro de 3.500 millones anuales.
Hay otros recortes más importantes
por hacer y que no se hacen: eliminar la pensión vitalicia de todos los
diputados, senadores y padres de la patria; revisar, como ahora se está
haciendo, los sueldos de alcaldes que se ponen a sí mismos el salario que les
da la gana; obligar a devolver el dinero robado a las arcas públicas, además de
penas de cárcel para los ladrones, en lugar de otorgar amnistía a delitos
punibles; eliminar todos los coches oficiales; anular las tarjetas de crédito
con que muchos pagan gastos particulares; dejar un solo diplomático y cónsul en
cada país y, por supuesto, eliminar los de las comunidades autónomas, porque la
representación exterior es competencia exclusiva del Estado; y, en fin, rebajar
un 30 por ciento las transferencias a sindicatos, fundaciones y varios, con lo
que se ahorrarían 45.000 millones de euros, y no haría falta tocar las
pensiones ni bajar la inversión pública… Con estas medidas se habría terminado
la crisis.
No puede ser que haya recortes para
una mayoría y dobles sueldo para una minoría; dinero para sanear la banca y no
lo haya para quienes lo necesitan. La gente está harta; la marca España está
bajo mínimos; las denuncias silenciosas se están haciendo oír; la gente grita
en las calles. Nadie se calla ya porque el silencio nos ahoga, aunque algunos
medios, oficiales y extraoficiales lo silencien, he aquí lo que la gente canta
en la calle:
(http://www.youtube.com/watch_popup?v=kU70bfufMJc&feature=youtu.be.)
En
la Puerta del Sol (3 bises)
mamita
mía,
Nadie
se marcha, nadie se marcha.
Las
gentes indignadas (3 bises)
Mamita
mía,
qué bien te guardan, qué bien te guardan.
Los
bancos y las cajas (3 bises)
Mamita
mía,
nos
han robado, nos han robado.
Y
ahora nuestros derechos (3 bises)
Mamita
mía,
Quieren
quitarnos, quieren quitarnos.
Madrid,
qué bien resistes (3 bises),
Mamita
mía.
Tanto
saqueo, tanto saqueo.
Con
recortes aguantas,
Ciudadanía,
y
el agua al cuello,
y
el agua al cuello.
En
la Puerta del Sol…
