El grupo socialista en el Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) ha denunciado que el alcalde del municipio, Pedro Caselles, está ocultando el destino de los lodos de la depuradora de aguas residuales de la localidad, material que, según los socialistas, puede que se esté usando de forma irregular.
En una nota, los socialistas han puesto de manifiesto que,
ante esta denuncia, el primer edil ha sido «incapaz» de justificar el
uso y destino de los fangos procedentes de la depuradora de Moraleja,
calificándolo de «tonterías». Las depuradoras de aguas residuales, en
su proceso de purificación del agua, eliminan las materias contaminantes de
ésta, convirtiéndose en lodos que, debidamente tratados, pueden ser destinados
como aporte orgánico para las tierras cultivables.
Los locos que por sus cargas patógenas no puedan ser
destinados a este fin, deben ser transportados a vertederos autorizados o
incluso incinerados en plantas especiales. El grupo socialista ha puesto de
manifiesto que estos procesos generan los oportunos certificados, los cuales
deberían estar en posesión del Ayuntamiento o, al menos, conocer de su
existencia por ser la Administración local responsable directo y titular de la
EDAR.
En este sentido, los socialistas han asegurado que ni la
empresa ni el Ayuntamiento «han querido o han podido justificar» que
estos procesos se hayan estado haciendo «legalmente» durante los
últimos años. A juicio del grupo socialista, este asunto puede estar generando
un delito ecológico, «pues según estadísticas nacionales se habla se trata
de más de 500.000 kilogramos al año», han agregado.
Para el PSOE, ante la falta de justificación solo caben dos
posibilidades y es que los lodos se hayan estado utilizando o destruyendo
«clandestinamente», o que no se hayan generado, lo que implicaría que
la depuradora no ha estado funcionando adecuadamente y el agua ha sido vertida
al cauce sin eliminar su carga contaminante.
«Si es lo primero, se ha estado cometiendo una
ilegalidad y el alcalde debería poner los hechos en conocimiento del Seprona, y
si fuese lo segundo, se debería denunciar a la empresa y devolver a la
ciudadanía los casi 150.000 euros anuales que pagan por un servicio que puede
que no se haya realizado correctamente», sentencian.
