Rajoy pide un pacto global contra la corrupción

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dedicado 15 minutos de los 90 que ha durado su intervención inicial en el debate sobre el estado de la Nación a hablar sobre la corrupción en España y a proponer una serie de medidas para acabar con esta lacra social. La cantidad de tiempo dedicada a este asunto en un debate tan global ha exteriorizado ya de entrada la preocupación del Gobierno por la corrupción que nos atenaza.


[Img #25262]Ahora bien, en ese debate Rajoy ha defendido que es “una insidia” calificar a España de “país corrupto” y ha advertido sobre el ‘caso Bárcenas’ -al que no ha citado por su nombre- que “las excepciones, que yo sepa, no son representativas más que de sí mismas, como en todas partes donde brotan malas yerbas”, y, en definitiva, que “sembrar la idea de que España es un país corrupto es profundamente injusto”.

Rajoy empezó por reconocer que “la corrupción es un problema que alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España”; dijo que “cualquier volumen de corrupción es siempre demasiado” y afirmó sin tapujos desde el inicio que “me repugna que en España surjan casos de corrupción”. Ahora bien, el presidente advirtió que aquí la policía y la justicia actúan y que la misión de los políticos es ofrecer instrumentos que faciliten la tarea a los jueces y fiscales.

Un pacto global contra la corrupción

A partir de ahí, Mariano Rajoy desgranó primero las medidas que su gobierno ha puesto en marcha para atajar la corrupción, y luego pidió un amplio pacto a todos los grupos parlamentarios para acotar definitivamente el problema. En ningún momento se refirió ni a Luis Bárcenas ni a la corrupción interna dentro del PP ni a la de ningún otro partido político, o caso, como el de las escuchas de Barcelona.

Rajoy recordó que su Gobierno ha impulsado la ley de transparencia y la de financiación de partidos políticos, así como la reforma del Código Penal, para acto seguido señalar que “éste ha sido el inicio pero debemos ir más allá: propongo a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara un amplio acuerdo en esta materia, que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes”.

He aquí las medidas que anunciado el presidente del Gobierno en su intervención inicial:

– Que la ley de transparencia se aplique a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como a las organizaciones que se financien con fondos públicos.
– Mayor control sobre los partidos políticos, sus cuentas y su gestión: ha anunciado un proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
– Una nueva normativa con mayores exigencias a los partidos y más instrumentos control para el Tribunal de Cuentas.
– Obligación de los partidos de depositar las cuentas en un registro público específico.
– Regulación de los procedimientos de contratación de los partidos políticos, estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre.
– Reglas claras sobre el papel de los responsables de la gestión económica de los partidos, con doble control externo sobre sus funciones: por un lado, con el Tribunal de Cuentas, y por otro, obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para explicar en qué se han gestionado los recursos de todos los partidos aquí representados.
– Reformas para garantizar “la actuación ejemplar de sus dirigentes (de los partidos), de los altos cargos de la Administración y de todos los que representamos a los ciudadanos”, tales como:
– Un “verdadero Estatuto” del cargo público, tasando las escalas de retribución, sistemas de protección social y fijar los casos para la compensación tras el cese y reforzar la Oficina de Conflicto de Intereses.
– No sólo hacer públicas las declaraciones, sino establecer un procedimiento de comprobación a través de una auditoria de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato “para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público”.
– Extender todas esas medidas a diputados y senadores, reformando los reglamentos de las Cámaras.
– Regulación parlamentaria de los lobbies, clarificando cuáles pueden ser sus actividades y cuáles sus límites.
– Reforma del Código Penal para endurecer las penas y de la ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, así como aumentar el plazo de prescripción de este tipo de delitos.

“España no es un país corrupto”

Tras enumerar las medidas, Rajoy insistió en que “no son propuestas contra nadie, sino a favor de todos”, y dijo que “no son propuestas excluyentes: estoy dispuesto a hablar sobre ellas y me comprometo a que todas las que surjan de los grupos parlamentarios serán analizadas y debatidas con toda la profundidad que este asunto requiere”.

No obstante, el presidente del Gobierno afirmó también que “una cosa es condenar y perseguir la corrupción por todos los medios”, pero que otra muy distinta “es sembrar, o ayudar a que se difunda, la especie de que España es un país corrupto, incluso de los más corruptos”.

“Tengo que decirlo con toda firmeza: no es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia. NI España es la nación más corrupta ni todos los políticos son corruptor niños hundimos por culpa de la corrupción”, dijo Rajoy, para finalizar este apartado afirmando que “las excepciones, que yo sepa, no son representativas más que de sí mismas, como en todas partes donde brotan malas yerbas” y que “sembrar la idea de que España es un país corrupto es profundamente injusto”.


Manuel Ángel meléndez/Diario Crítio

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