Se incrementa la aportación a los Servicios Sociales de Base hasta 5,1 millones

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El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, ha declarado que este año se ha incrementado la aportación a los Servicios Sociales de Base (SSB) hasta los 5,1 millones de euros, con el fin de paliar la reducción de los fondos estatales, y ha anunciado que la convocatoria de subvenciones para la financiación de estos recursos se publicará en marzo.

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El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, durante su intervenciónBravo ha hecho estas declaraciones en Villafranca de los Barros, donde hoy ha participado en la apertura de unas jornadas dirigidas a los trabajadores sociales de los SSB, con las que comienza un ciclo formativo dirigido a estos profesionales y que hasta el próximo junio pasará por otros nueve municipios extremeños.

En su intervención, tras agradecer la labor que desarrollan estos profesionales, ha señalado que “los extremeños estamos haciendo un esfuerzo porque la situación es muy difícil”, así como el Gobierno regional, que ha garantizado que la financiación de los SSB se mantendrá este año en los mismos niveles que el año pasado, en 7,58 millones de euros.

De esta cuantía, 1.517.774 euros serán aportados por las corporaciones locales; 947.249 euros por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y 5.119.849 por la Consejería de Salud y Política Social que, de este modo, incrementa su aportación en 681.082 euros respecto a 2012 para paliar el descenso de los fondos estatales en esta misma cuantía.

“Fieles a nuestro compromiso, aumentamos nuestra aportación un nueve por ciento”, ha subrayado el director general, para acto seguido adelantar que la convocatoria de subvenciones para la financiación de los SSB se publicará el próximo mes de marzo.

LEY DE RENTA BÁSICA

Juan Bravo se ha referido también al anteproyecto de Ley de Renta Básica Extremeña, “que no se ha elaborado unilateralmente, sino con el concurso del Tercer Sector, los sindicatos, la patronal y los trabajadores sociales”.

En este sentido, ha recordado que una comisión en representación de los 233 trabajadores con que cuentan los 76 SSB ha formulado también aportaciones al texto porque, ha argumentado el director general, “si no contamos con los participantes de un proceso –como es el caso de estos profesionales-, el fracaso está asegurado”.

En este punto, ha explicado que una vez que se ponga en marcha la renta básica, los trabajadores sociales no tendrán que elaborar un informe social sobre cada uno de los solicitantes, como ha ocurrido hasta ahora con las ayudas para la integración en situaciones de emergencia social, independientemente de que resultaran beneficiarios o no.

El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, durante su intervenciónEn este caso, sólo tendrán que realizarlo sobre aquellas personas que ya estén reconocidas como futuras beneficiarias de la renta básica, con lo que se les ahorrará un trabajo que en ocasiones ha sido en vano. Este informe social, ha indicado, será de gran importancia a la hora de determinar el programa integrado de inserción que se ofrecerá a cada uno de los perceptores de la nueva ayuda.

NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE

El director general de Política Social y Familia se ha referido además a la nueva Ley de Servicios Sociales de Base, en la que ya está trabajando la Consejería de Salud y Política Social y cuyo borrador se trasladará también a los diferentes agentes implicados “para que lo enriquezcan con sus aportaciones”.

Según ha destacado, la nueva normativa nacerá con el fin de garantizar a la ciudadanía un marco estable de recursos y servicios y dignificará las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en los SSB.

Precisamente, en las jornadas celebradas hoy en Villafranca de los Barros se han presentado los resultados de una encuesta realizada por la Administración regional entre los profesionales de todos los SSB para obtener una “radiografía real” de estos servicios.

Gracias a esta consulta, los trabajadores sociales han podido comunicar las dificultades que sufren en su labor diaria, realizar aportaciones y también transmitir sus quejas. Todo ello, ha concluido Bravo, será de gran utilidad para la nueva ley en la que ya trabaja el Ejecutivo.


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