Salud trabaja para regular la asistencia sanitaria de los inmigrantes

La Consejería de Salud y Política Social se ha reunido con representantes de asociaciones de inmigrantes de Extremadura para recabar sus aportaciones para la puesta en marcha de un Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (PASCAE), que definirá la asistencia sanitaria que se prestará a los extranjeros no autorizados ni registrados en España como residentes.

El director
general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, y el de Política
Social y Familia, Juan Bravo, han sido los encargados de transmitirles este
proyecto en el que trabaja el Gobierno extremeño y que se traducirá en una
instrucción que probablemente verá luz en el segundo trimestre del año, según
ha explicado el primero de ellos.

Al encuentro han
sido convocadas 22 entidades, entre asociaciones de inmigrantes y otras ONG,
con el ánimo de solicitar su colaboración para la elaboración de este programa
con el que, según ha recordado Bravo, se da también cumplimiento a un mandato
del Parlamento extremeño.

En concreto,
se da respuesta a la propuesta de impulso del Grupo Parlamentario de IU-V-SIEX
que el pasado 25 de octubre fue aprobado por unanimidad y en la que se instaba
al Ejecutivo extremeño a facilitar algún tipo de tarjeta provisional u otro
documento identificativo, temporal y renovable, que garantice la cobertura
sanitaria de la población inmigrante.

Se trata de
un “programa social en salud pública” mediante el que, según ha explicado
Granado, se tiene controlado al ciudadano inmigrante desde el punto de vista de
la salud pública, se regulariza su situación desde la perspectiva sanitaria y
se protege a toda la sociedad frente a las enfermedades infectocontagiosas

DECRETO
NACIONAL

En concreto,
el director general de Planificación, Calidad y Consumo ha recordado que el
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones ha supuesto “un antes y un después” en el
concepto de asegurado y beneficiario del sistema sanitario.

Esta norma
establece que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en
España recibirán asistencia sanitaria en los siguientes supuestos: casos de
urgencia, embarazo, menores de 18 años, víctimas de trata de seres humanos,
solicitantes de protección internacional y cuando exista un convenio especial
de prestación de asistencia sanitaria.

Sin embargo,
“desde la Consejería entendíamos que estos seis conceptos de alguna forma se
quedaban cojos a la hora de asumir una coordinación y un desarrollo de la
asistencia sanitaria desde el punto de vista público”, dado que los ciudadanos
inmigrantes suelen acudir tarde a los servicios sanitarios y hacerlo con
frecuencia por la vía de urgencias, lo que conlleva una “descoordinación de los
recursos sanitarios y muchas veces duplicidades desde el punto de vista de los
registros asistenciales y de información”.

Se creía
además que estas personas no estaban cubiertas desde el punto de vista de la
salud pública, en primer lugar para beneficiarse de su propia protección en
cuanto a enfermedades de declaración obligatoria y vacunaciones y, en segundo
lugar, “porque al no estar cubiertas y protegidas frente a este tipo de
cuestiones, se convertían de alguna forma en transmisores de posibles
enfermedades infectocontagiosas”.

De ahí la
puesta en marcha del PASCAE, que regulará y establecerá el procedimiento de
atención y las prestaciones de asistencia sanitaria evitando, por tanto,
situaciones como que un ciudadano acuda en varias ocasiones a un servicio de
urgencias por un proceso por el que podría ser atendido por en su centro de
salud y, en caso necesario, ser derivado al especialista correspondiente.

Por todos
estos factores, y por la resolución adoptada por la Asamblea de Extremadura, la
Consejería dictará una instrucción, posiblemente en el segundo trimestre de
este año, en la que “definiremos claramente hasta dónde va a llegar la
asistencia sanitaria de estos inmigrantes, que en algunos casos será la
totalidad y en otros en base a la documentación que vayan presentado”, ha
añadido Manuel Granado.

POSIBLES
BENEFICIARIOS

Respecto al
número de inmigrantes irregulares que se podrán beneficiar de este programa, el
director general ha aclarado que es difícil conocer con exactitud la cifra,
aunque sí ha apuntado que en la base de datos de tarjeta sanitaria figuran
cerca de 9.000 ciudadanos extranjeros entre comunitarios y no comunitarios con
su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Unos 6.000 de ellos tienen caducado el permiso
de residencia.

Todos ellos
tenían un plazo de tres meses, hasta el 1 de septiembre de 2012, para
regularizar su situación, aunque lo que ha hecho la Consejería es mantenerlos
con una tarjeta en una situación de “baja temporal activa”, de tal forma que
pudieran recibir una asistencia sanitaria “sin ningún tipo de problema”.

A partir de
ahora, una vez que se publique la citada instrucción, dispondrán de un plazo de
tres meses para que regularicen su situación bien por la vía del aseguramiento
o por la vía del PASCAE, de modo que si no lo hacen “automáticamente se les
dará de baja”.

Al ser
preguntado por si este programa contraviene el decreto del Gobierno central,
Granado ha explicado que no porque se trata de “un programa social enfocado a
la salud pública del paciente”.