Interior le declara la guerra a los escraches

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” Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente”, dice la Instrucción.

En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirigeEugenio Pino “se ruega máxima difusión”.

Este movimiento de la Secretaría de Estado se produce después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) emulando los llamados escraches de Argentina donde activistas se manifestaban en las viviendas de personas relacionadas con la dictadura.

¿Orden ilegal?

La decisión del ministro Fernández Díaz ya ha levantado polémica. Desde la asociación Liga Anticorrupción, un movimiento ciudadano que cuenta con más de 300 colaboradores y Augusto González, sobrino de Adolfo Suárez, de presidente, se denuncia su posible ilegalidad e intención de “criminalizar las protestas”.

En un comunicado hecho público este viernes, la Liga Anticorrupción asegura que su gabinete jurídico mantiene que “detener e identificar ciudadanos por participar en escraches es ilegal, y que sólo se puede detener a alguien cuando si se produjera una agresión, cosa que hasta el momento no ha ocurrido”. Consideran que hay un “mensaje subliminal” político para que la policía actúe con mayor contundencia contra los manifestantes y por eso han anunciado que el lunes la Liga Anticorrupción presentará un escrito ante la Defensora del Pueblo pidiendo su intervención para que acabe con lo que consideran que son “utilizaciones del cargo público en favor de los intereses de un partido político”.

El SUP la tacha de “barbaridad

Por otro lado, el sindicato policial SUP también ha manifestado su posición contraria a la citada orden ya considera que “la instrucción para escraches pone a los agentes a los pies de los caballos”, según unas declaraciones de su portavoz, José María Benito, a la agencia EFE tal y como han reflejado varios medios.

“Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad”, ha subrayó.


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