Las afectados por las preferentes dan sus primeros pasos en los juzgados de lo penal

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Algunos de los afectados por las preferentes, la mayoría de los cuales ni siquiera sabían lo que eran hasta que descubrieron que su dinero había quedado atrapo en ellas, han decidido dar un paso más allá de las protestas y las demandas civiles y han comenzado su andadura en los tribunales de lo penal. Uno de ellos es un gallego en la cincuentena que ha logrado que un juez admita a trámite su querella y llame a declarar como imputado por un presunto delito de estafa al exdirector de una sucursal de Caixa Galicia, ahora Novagalicia Banco.

Fuentes conocedoras del caso, que piden mantener el anonimato, explican que a este señor, que reside en Ferrol y del cual tampoco quieren facilitar el nombre, el director de la entidad en la que tenía su dinero desde hacía 30 años le aseguró que las preferentes no comportaban ningún riesgo y que podría disponer de su dinero cuando lo deseara.


Señalan la fuentes además que la fecha, la colocación se llevó a cabo en 2009, también es una señal más de la estafa porque por aquel entonces ya se barruntaba el incierto futuro económico de la entidad, que finalmente fue intervenida. “A pesar de ello o quizá por esa razón se exigía a los emplearos que vendieran preferentes”, añaden. Un portavoz de Novagalicia Banco afirma que la entidad no hace declaraciones sobre temas judiciales abiertos y se limita a señalar que hay hasta 26 sentencias civiles que dan la razón a los clientes y que a 14.500 afectados se les ha devuelto el dinero.  

Ante la confianza que le proporcionaba el director, el cliente, que trabaja en Argentina y ahorraba para poder pagarse la jubilación al volver a su tierra, suscribió cien títulos de participaciones preferentes por valor de 100.000 euros. Fuentes próximas a la defensa aseguran que es claramente una estafa ya que el señor era calificado por la entidad como persona no conveniente para que se le vendieran este tipo de productos financieros con alto nivel de riesgo y complejidad

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Investigación en Andalucía


Al otro extremo del país, la Fiscalía Superior de Andalucíatambién ha investigado la emisión de preferente y tras analizar 768 denuncias ha concluido que ha existido “una mala praxis generalizada por parte de las entidades financieras denunciadas”, según se recoge en un decreto del mes de enero en el que ordena a las fiscalías provinciales incoar diligencias de investigación penal para averiguar si existió delito. La Fiscalía andaluza decidió tratar el tema de las preferentes tras hacerle llegar el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, más de 400 denuncias.

Junto a las citadas denuncias, Chamizo remitió un escrito en el que señalaba “la inacción mostrada hasta la fecha por las autoridades administrativas que deberían velar por los derechos de clientes y consumidores”. Fuentes de la Fiscalía explican que las denuncias aún están en fase de investigación y que no se ha llevado ninguna ante el juez.


Las negociaciones de las entidades con los clientes a los que colocaron estas participaciones podrían tener un punto de inflexión si se admite a trámite, y luego se gana, la querella que está preparando un bufete que exige anonimato y no entrar en detalles sobre el proceso. A grandes rasgos la idea de este despacho es ir más allá de los casos particulares y denunciar el sistema de colocación de preferentes ya que consideran que la propia emisión de preferentes ya puede ser constitutivo de delito. Aunque una de las personas que ultima la denuncia asegura que “es complejo intentar desmontar la estafa porque está hecha con habilidad, lo que se pretende es que los contratos queden anulados y los afectados recuperen su dinero. Una idea que no ha 

Andaluza es también la pareja que ha logrado llevar a un juicio penal en Córdoba al subdirector de una oficina de La Caixa al ver la juez que instruye el caso indicios de engaño,según publica Público.es. En la noticia, la pareja anima a otros afectados a que sigan sus pasos y acudan a los tribunales. El mismo consejo da el abogado Juan Moreno Yagüe a aquellas personas cuyo dinero se haya visto atrapado en estos productos financieros. “No se puede aceptar un arbitraje cuando es un claro delito de estafa”, sentencia el letrado que ha tenido clientes afectados por las preferentes.


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