Ante el anuncio por parte del Gobierno de Rajoy de más recortes al Estado del Bienestar, los socialistas han denunciado este nuevo “ataque” que recae esta vez sobre las espaldas de los más necesitados, los dependientes, y que supone un recorte en la financiación de la Ley de Dependencia en cerca de mil millones de euros, que se suman a los recortes ya efectuados en 2012 y a los ya aprobados para este año 2013 y para el 2014.
En total el Gobierno
de Rajoy quiere, de momento, aplicar un “súper
recorte” a las
prestaciones para las personas dependientes de más de 3.000 millones de euros,
según la propuesta que figura en el citado Plan.
Para el PSOE sacar del sistema de atención a la dependencia tal
cantidad de dinero supondría el desmantelamiento efectivo de la Ley, haciéndola inviable e
ineficaz para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria de las personas
con dependencia. Sin olvidar el truncamiento de tantos proyectos de autonomía
personal que producirían la marginación social y laboral de muchas personas
discapacitadas.
Los
socialistas han sentenciado que el PP sigue implacable con su
proyecto de cambio de modelo social tratando de llevar a España hacia un “estado neoliberal contrapuesto al estado de
bienestar por el que veníamos luchando”.
Según el
PSOE, en el modelo del PP no cabe el sistema de atención a la
dependencia, que fue concebido como el cuarto pilar del estado de bienestar, y
por ello quieren “desmantelarlo
aceleradamente”.
Ante esta situación, el PSOE de
Extremadura ha propugnado la
puesta en valor del gran pacto social y político, recogido en la Constitución de 1978,
por el cual desde
entonces todos los Gobiernos democráticos han ido facilitando
recursos legales y económicos para que la ilusión de una integración social
plena de las personas discapacitadas y de las personas dependientes se haya ido
aproximando cada vez más a un hecho real, con un esfuerzo sostenido y respaldado por un gran consenso social.
Para el PSOE el mantenimiento de dotaciones presupuestarias
suficientes a favor de las personas discapacitadas no es un mero asunto
económico, es un ejercicio de valores sociales.
