CCOO de Extremadura ha mostrado su rechazo frontal a la limitación de derechos que pretende el Gobierno del PP con sus cambios en la Ley del Aborto por ser “claramente discriminatorios, injustos, vuelven a criminalizar la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad y responden a una concepción ideológica reaccionaria”.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras
también ha manifestado su oposición “contundente” a este Anteproyecto de Ley
del aborto en una resolución de su Comisión Ejecutiva. Esta reforma que supone
un “ataque frontal” contra la libertad, la dignidad y la integridad de las
mujeres.
CCOO ha defendido el derecho de las mujeres a
decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, rechazando la vuelta a
una situación de indefensión e inseguridad contra las mujeres y profesionales.
Las declaraciones efectuadas por el ministro de
Justicia respecto a la reforma normativa que el Gobierno del PP pretende
realizar en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, “niega y
penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su
maternidad”, según el sindicato.
Para CCOO se trata de una vuelta a la consideración
del aborto como delito, que supondría un claro retroceso normativo, que
eliminaría derechos básicos de las mujeres distanciándonos de la mayoría de las
legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres
para decidir, y un claro retroceso ideológico, que responde a los intereses de
los sectores más reaccionarios y a las presiones proferidas por la Conferencia
Episcopal que recuerda al Ejecutivo su “lentitud a la hora de afrontar la
reforma”.
CCOO ha defendido la actual Ley Orgánica 2/2010, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
porque permite la autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su
sexualidad, a decidir sobre su maternidad y por tanto al aborto.
Esta ley iguala la salud sexual y reproductiva, a
cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y
la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto
de la ciudadanía, de manera que la aplicación de esta norma ha logrado la
reducción de embarazos no deseados y la práctica eliminación de abortos
clandestinos en España afectando de manera importante a colectivos
especialmente vulnerables.
Desde CCOO se ha afirmado que el Anteproyecto del
Gobierno supone una doble discriminación. Por un lado, por razón de género y,
por otra, por clase social, abocando a la clandestinidad a quienes no dispongan
de los medios económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida
y salud de las mujeres.
Asimismo, ha recordado al Gobierno su
responsabilidad en un estado laico y democrático de garante de los derechos
fundamentales de las mujeres.
