El PSOE exige una respuesta al aumento de los robos en el campo extremeño

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El diputado por Badajoz Ignacio Sánchez Amor ha firmado, junto con otros representantes socialistas en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, una iniciativa parlamentaria sobre el alarmante aumento de robos en las zonas rurales y las explotaciones agrícolas y ganaderas. Se trata de una Proposición No de Ley que se hace eco de los preocupantes datos de aumento de robos en el campo y del clamor del sector para que el Gobierno asuma su responsabilidad en la materia.


Los datos de robos en viviendas
aisladas, en fincas (tanto de productos agrarios o de ganado, como de aperos y
maquinaria) o en las propias infraestructuras del mundo rural (como el material
metálico de las acequias o el cableado), han aumentado enormemente en los
últimos tiempos. Además, no parece tratarse ya de hurtos de alimentos, sino de
delincuencia organizada mediante bandas especializadas, de gran movilidad y en
ocasiones de gratuita violencia que buscan objetos, cosechas, vehículos
agrarios o ajuares domésticos para su reventa en zonas alejadas de la del
delito. La disminución en el mundo rural de efectivos de las fuerzas de
seguridad y especialmente de la Guardia Civil está teniendo como consecuencia
una sensación de desprotección en esta población, un clima de psicosis y las
propuestas, siempre delicadas, de formas de vigilancia y autodefensa. Para
colmo, la normativa legal de seguros agrarios no contempla este tipo de riesgos
como asegurables, lo que obliga a contratarlos en el mercado privado no
subvencionado, suponiendo un sobrecoste difícil de trasladar a los precios de
los productos.

 

La respuesta del Gobierno no
puede ser más torpe y más reveladora de su incapacidad de reaccionar. Intenta
sencillamente un “apagón estadístico”, de modo que no se pueda medir el aumento
de los robos en el campo, y un “apagon parlamentario” dando respuestas evasivas
cuando se le interpela sobre tales datos. Pero a las asociaciones de
agricultores y ganaderos no se las puede engañar sobre una realidad que conocen
de primera mano muchos de sus miembros. Como tampoco se las puede engañar
defendiendo que basta con una subida de las penas para que tales asaltos no se
produzcan.

 

En Extremadura, como en otras partes
del país, el gobierno anterior estableció un Plan contra este tipo de
delincuencia con utilización de las Unidades de Reserva de la Guardia Civil. En
concreto se trato del refuerzo de cuarenta agentes en la región, veinte con
base en Navalmoral y otros tantos en Guareña, que se dedicaban específicamente
a este tipo de delitos, y con la colaboración de las unidades del SEPRONA y de
Tráfico. Estaban en contacto permanente con los agricultores y sus asociaciones
para planificar su actuación y vigilaban tanto las fincas como el transporte y
los posibles mercados reventa. Incluso se puso en marcha un modelo de
documentación de transporte que era verificado por Tráfico de modo que cada
camión o tractor debía acreditar el origen y destino de su carga de productos
agrarios o ganaderos. En nuestra región, fue especialmente útil en las campañas
de la aceituna. Ahora, los recortes en la Guardia Civil castigan doblemente a
un mundo rural extremeño que vé como desaparecen las urgencias de los pueblos,
el transporte escolar, los servicios asistenciales para anciano o los miembros
de la Guardia Civil.

 

Dada esta situación el PSOE
propone un plan que incluye volver a dotar de suficientes agentes y de nuevos
medios materiales todo el territorio afectado, un nuevo diseño del Plan de
Seguridad anterior con evaluaciones trimestrales por provincias, un sistema de
acuerdos con las corporaciones locales para la colaboración de las policías
locales, una mejora de la prevención mediante la captación de información y
elaboración de sistemas de inteligencia específicos, una discriminación de las
actuaciones mediante el estudio de las características específicas de la
delincuencia en cada zona (tipo de robo, materiales, franjas horarias, tipo de
transporte, etc.) y la normativa aplicable sobre recogida, transporte,
comercialización, etc., aumentar la frecuencia de las juntas de seguridad
locales y provinciales con la incorporación de representantes del mundo agrario
afectados, intensificar la relación de los agentes con los agricultores y sus
asociaciones, reforzar la cooperación con cuerpos cuyas funciones puedan ayudar
(medio ambiente, forestales, etc.), aumentar las inspecciones sobre el mercado
de reventa de bienes, sobre los centros de tratamiento industrial (almazaras,
por ejemplo), sobre los centros de gestión de residuos y sobre el transporte.

 

Asimismo, piden los socialistas, modificar la
legislación de seguros agrarios para incorporar estos riesgos entre los
subvencionables.


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