El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que este año se acabará con las listas de espera en los servicios de atención temprana y habilitación funcional.
José Antonio
Monago ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida al número
82 del periódico ‘cermi.es semanal’ –órgano de expresión del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Monago ha
subrayado el “enorme” esfuerzo presupuestario del Gobierno extremeño para “no
sólo mantener, sino también aumentar, el mapa de recursos residenciales y
asistenciales dirigidos a las personas con discapacidad”.
En este
sentido, ha apuntado al incremento en el presupuesto de este año en más de dos
millones de euros, con fondos propios, para el Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad –que pasa de 15,2 a 17,5 millones de euros-, “lo que
permitirá el mantenimiento de plazas concertadas”.
Con respecto
a una nueva Ley de Servicios Sociales, cuyo borrador ya ha sido elaborado,
Monago ha explicado que se establece un marco “estable” de recursos y
servicios, ya que “nuestro interés es garantizar la cohesión y bienestar de la
sociedad extremeña, en especial, de las personas con discapacidad y colectivos
en riesgo de exclusión social”.
En materia de
empleo, el presidente ha hablado de sus líneas de apoyo y programas para
aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y ha destacado las
ayudas directas para la incorporación de las personas con discapacidad en
empresas ordinarias, que van de 1.000 a 6.000 euros.
También ha
resaltado que los Centros Especiales de Empleo (CEE) pueden solicitar ayudas al
mantenimiento de coste salarial de los trabajadores con discapacidad en
plantilla y, en este caso, se subvenciona el 50 por ciento del salario mínimo.
En cuanto a
la aplicación Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Monago ha
expuesto que en Extremadura ha aumentado un ocho por ciento (20 millones de
euros), hasta alcanzar los casi 277 millones, su aportación a la atención a la
dependencia, “con lo que hemos paliado los fondos procedentes del Estado”.
Según ha
indicado, Extremadura sólo realiza el recorte mínimo del quince por ciento
exigido por el Gobierno central en las prestaciones económicas destinadas a los
cuidadores familiares, “no haciendo uso, por tanto, de la posibilidad de
aumentar ese porcentaje”.
