Más de 200 trabajadores conocen el borrador de la Ley de Servicios Sociales

El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha presentado el borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales de Extremadura a más de 200 trabajadores sociales de toda la región.

“Con esta ley el Gobierno de
Extremadura hace suyo el objetivo de conseguir mayores cotas de bienestar
social para los ciudadanos, con un esfuerzo continuo y constante para mejorar
nuestro sistema de servicios públicos”, ha manifestado el consejero a estos
profesionales, a los que ha agradecido su implicación “en pro del interés
general y la protección de los ciudadanos”.

“Os animo a participar activamente
aportando vuestras ideas a una ley que nace con vocación de integradora,
consensuada e integral”, ha añadido.

Durante su intervención, Hernández
Carrón se ha referido al estudio que realiza cada año la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que fue presentado ayer, y que
puntúa con un “débil” el desarrollo de los servicios sociales en Extremadura.

Sobre este asunto, ha explicado que
Extremadura ha sido calificada con 4,60 puntos sobre diez, aunque ha aclarado
que esta puntuación es mayor que la del año pasado, cuando recibió un 4,2, y
superior a otras comunidades autónomas como Murcia, Madrid, Andalucía, Galicia,
Baleares y Valencia.

Además, ha precisado, este estudio
no ha tenido en cuenta la aprobación de la Ley de Renta Básica ni esta nueva
Ley de Servicios Sociales, “lo que nos situaría en la zona del aprobado”
aunque, ha aclarado el consejero, “no podemos conformarnos”.

Sobre todo, ha agregado, teniendo en
cuenta que Extremadura es una de las CCAA con mayor nota en esfuerzo económico
destinado a esta finalidad, “nada menos que un nueve sobre diez”, un esfuerzo
que debe traducirse “en resultados”.

LEY DE TERCERA GENERACIÓN

Respecto a la nueva Ley de Servicios
Sociales, el consejero ha explicado que nace con vocación de “ser moderna, de tercera
generación y prestar los servicios sociales con una estabilidad presupuestaria
que garantice derechos a los usuarios”, dado que la norma vigente ha quedado
“obsoleta” tras 26 años de vigencia.

Ha recordado que la Ley de Renta
Básica ya es una realidad y que este nuevo proyecto de ley lo será muy pronto,
de modo que “continuaremos con nuevas medidas e iniciativas para nuestros
mayores, dependientes, discapacitados y todo aquel que tenga alguna dificultad
para disfrutar plenamente de sus derechos civiles y sociales, dignificando la
vida humana”.

No se hará “parcheando torpemente
estructuras desfasadas a base de convenios deficitarios que no aportan la
solidez necesaria que nos exige la sociedad y los profesionales”, sino de forma
decidida “sin que la excusa de la herencia recibida o el complicado equilibrio
político nos frenen en nuestro compromiso”, ha aseverado.

En este sentido, ha argumentado que
la futura ley se apoyará en las nuevas tecnologías como herramientas útiles
para conseguir sus fines, y velará por una mejora continúa basada en la
formación y la investigación, “elementos fundamentales para avanzar al compás
de las necesidades de la sociedad”.

Descansará también en la
corresponsabilidad pública y privada, fomentando la colaboración
interadministrativa y permitiendo que la sociedad civil, y en concreto el
Tercer Sector, “tengan en esta herramienta una oportunidad para participar
activamente como agentes que complementan la actuación de los poderes
públicos”.