La
Comisión para la Reforma
de las Administraciones Públicas (CORA), presentada durante los últimos
días por la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría,
y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé ahorrar casi
un 4 por ciento del PIB durante la presente legislatura o, lo que es lo
mismo, 37.620 millones de euros. Junto a la reforma de la Administración, la
tasa de reposición cero de los funcionarios y los recortes de empleo de 2012,
la CORA prevé otras medidas, aún por aplicar, como la reforma local, tendentes
todas ellas a la simplificación administrativa y la reducción del consumo
público, que afectará a todas las administraciones públicas ya que, además de
la supresión, fusión o adelgazamiento de entidades públicas, prevé, asimismo,
el cierre de los defensores autonómicos del Pueblo y de los tribunales de
cuentas, con la colaboración de las comunidades autónomas.
El Consejo
Consultivo de Extremadura, que acaba de cumplir diez años, tiempo en el que
ha elaborado 5.300 dictámenes, de los cuales 800 pertenecen al último año, y
cuya Memoria fue presentada al presidente de la Junta por su titular el pasado
miércoles 19, no es la única entidad que se vería afectada por las previsiones
de la CORA. En este aspecto, la Comisión, en su apartado
F, relativo a la Órganos Consultivos, de Fiscalización y Defensores del
Pueblo, tras analizar la situación actual, que parte de la Constitución de
1978, afirma que estableció un modelo territorial en el que, junto al Estado,
conviven 17 estructuras político-administrativas, que han tendido a reproducir
el modelo estatal, y que desarrollan competencias idénticas a las estatales, y
plantea la posibilidad de racionalizar ese entramado, y propone que sea el
Tribunal de Cuentas el órgano de fiscalización de la Administración Autonómica,
para lo que se crearían 12 Secciones Territoriales, correspondientes a las
Comunidades Autónomas que cuentan en la actualidad con lo que la CORA denomina
Órganos de Control Externo (OCEX), menos Madrid, por ser la sede del Tribunal
de Cuentas, lo que permitiría a las CC AA que cuenten con OCEX prescindir de
los mismos y ahorrar el presupuesto anual dedicado a su sostenimiento.
Una segunda entidad prevista por la
CORA en el mismo capítulo es la de los Defensores del Pueblo autonómicos, que
en la actualidad mantienen 11 CC AA, tras la supresión realizada por
Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, y su coexistencia con el Defensor del
Pueblo estatal, con funciones básicamente iguales, pero limitadas en virtud del
principio de territorialidad, lo que, según el informe, ha dado lugar a un
elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento destinados
a los Ombudsman autonómicos, por lo que la CORA propone, en aras de una mayor
eficacia y eficiencia en la tramitación de las quejas de los ciudadanos, la
asunción plena de las competencias de los órganos autonómicos por el Defensor
del Pueblo del Estado, lo que permitiría a las CC AA el ahorro del presupuesto
anual dedicado al sostenimiento anual de sus respetivos órganos.
Esta medida afecta directamente a
Extremadura, que no ha desarrollado aún la figura del Personero del Común,
contemplada en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía, tras la reforma
aprobada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que preveía la regulación de su régimen
jurídico por parte de la Asamblea de Extremadura, que tendría la potestad de
elegirlo, y cuya sede quedó fijada, según el nuevo Estatuto, en la ciudad de
Plasencia, cuyo ayuntamiento ya había ofrecido el histórico edificio de la Casa
del Deán, actual sede de los juzgados de la localidad. El Personero del Común
fue la palabra elegida por la Comisión no Permanente de Reforma del
Estatuto de Autonomía, designada por la Asamblea, para la figura autonómica
de Defensor del Pueblo, que en la Corona de Castilla había supuesto una especie
de precursor de este órgano contemporáneo.
Otro aspecto contemplado en la CORA
es la actividad de las CC AA en el exterior, y tras recordar los límites de
esta, realiza propuestas en los ámbitos de actuación en los que se ha detectado
alguna duplicidad o solapamiento, como las Oficinas de las CC AA en el exterior.
Hay que recordar al respecto la Oficina de Extremadura en Lisboa, inaugurada por
el anterior ejecutivo regional y que el actual ha sacado a
la venta por tercera vez, tras una fallida rebaja del 15 por ciento en la segunda
subasta.
Hay, finalmente, una última
previsión de la CORA que pudiera resultar preocupante: el futuro de las
mancomunidades, una administración comarcal que viene dando resultados
positivos en Extremadura, dada su peculiaridad rural, su población y extensión.
En el apartado de la racionalización del sector público, eliminación de
duplicidades con las CC AA, reforma local (anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que prevé un
ahorro de 7.129 millones de € en el periodo 2013-2015), se afirma que «las mancomunidades y EE.
LL. menores que no presenten cuentas en el plazo de tres meses se
disolverán», que ya avanzara el secretario de Estado de Administraciones
Públicas el
pasado año.
