Renfe
ha propuesto a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para
suprimir 500 de sus 14.800 empleados
en 2013.
Renfe aborda este ERE afrontando su
reestructuración en 4 empresas ante la próxima liberalización del servicio de
transporte de viajeros en
tren en España.
Además, desconocemos el
número de afectados por el ERE que también prevé presentar Adif,
empresa que ocupa a unos 14.300 trabajadores.
Por
otra parte, el ajuste que está llevando a cabo Iberia es insuficiente para alcanzar la rentabilidad en 2015, y después
de acordar un ERE para más de 3.100
trabajadores, Iberia se ajustará en sus divisiones de mantenimiento y handling.
Durante
el pasado ejercicio 2012 y actual 2013 han aumentado los asuntos judiciales en las
salas de lo social de todo el país, debido al incremento de los EREs y de los
despidos.
Con
estas, en España contamos ya con 4,8 millones de desempleados y 9,05 millones
de pensionistas.
La pérdida de afiliados en
el sistema de la Seguridad Social, ha
situado al número de cotizantes en los niveles del año 2001 (16,3 millones de
afiliados). Desde el comienzo de la crisis, la Seguridad Social ha
perdido prácticamente 3,5 millones de afiliados,
En todo
caso, la consecuencia de tan fuerte pérdida de empleo y cotizantes, entre
otras, es la caída de la ratio entre cotizantes y pensionistas, hasta el punto de que ya no superamos
la línea roja de sostenibilidad de la Seguridad Social: 2 afiliados por cada trabajador retirado, por
lo que ha sido y será necesario seguir recurriendo al Fondo de Reserva de la
Seguridad Social para el pago de las pensiones, hasta que dure.
Podemos
comprender las razones de las empresas para recurrir a la reducción de sus
plantillas, en términos de estricta rentabilidad y competitividad privadas, y podemos
entender que empresas e instituciones públicas ajusten sus plantillas si estas resultan excedentarias, pero en el caso
de los sectores público y financiero se
puede venir acudiendo demasiado alegremente
a la reducción del número de empleos sin medir el alcance de las
posibles consecuencias sociales y estratégicas para el futuro de nuestra
sociedad, más allá de la reducción de los costes salariales y déficit
presupuestario.
Aparte de
la competitividad empresarial, hay otro posible tipo de consecuencias sociales
y culturales a medio y largo plazo si seguimos expulsando de la actividad laboral
a miles y miles de trabajadores incluso menores de 60 años.
Además, no todos los
trabajadores despedidos reciben el mismo trato, pues unos pasan a percibir del
INEM la pensión contributiva reglamentaria mientras otros (procedentes del
sector financiero y de Telefónica por ejemplo) perciben indemnizaciones y
primas junto al paro hasta jubilarse, llegando a cobrar más sin trabajar y sin
cotizar a la seguridad social, de la que se convierten en usuarios con mas
frecuencia.
Mientras, grandes empresas, bancos y cajas
de ahorros siguen planteando EREs trasladando
parte de sus costes salariales al INEM y a la Seguridad Social, es decir al
conjunto del país y de la sociedad, que de esta manera financian una vez más
los beneficios de unos pocos.
