La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha asegurado que ha pagado la pasada semana las ayudas a la reestructuración de viñedo, y garantiza a los agricultores el cobro de todas las subvenciones porque el dinero está “contablemente reservado” para abonar los saldos a los viticultores una vez que finalicen sus trabajos.
Los fondos
concedidos a Extremadura para el año 2013 se han comprometido al cien por cien.
Se han pagado más de siete millones de euros y el resto está contablemente
reservado para abonarlo al terminar las acciones.
Hasta ahora, ha
recordado la Consejería, a los viticultores se les concedía una ayuda por un
importe, del cien por cien de la ayuda, se les abonaba el ochenta por ciento y
se gastaban todos los fondos en pagar ese ochenta por ciento.
De esta forma,
aunque se les concedía el cien por cien, solo se les abonaba ochenta por ciento
y no se comprometía el veinte por ciento, por lo que los viticultores con
resolución favorable, no tenían reservado ese veinte por ciento.
Sin embargo,
el sistema de pago ahora se ha modificado para adaptarlo a la ley de
subvenciones que aprobó el Gobierno socialista en junio de 2011. Es, por tanto,
una adaptación a la propia normativa del Gobierno socialista.
Este año es
el último de este programa de plan de apoyo al vino y que a partir del 2014 se
iniciará un nuevo plan. De hecho, este otoño se abrirá una nueva convocatoria
de planes, y está asegurado el pago a todos los agricultores que hayan
reestructurado dentro de los anteriores planes.
A este
respecto, la Consejería ha aclarado que el último pago a los agricultores por
estas ayudas se realizó la pasada semana, que todos están cobrando con
normalidad y que los avales solicitados se han cancelado sin problemas.
Por tanto, la
Consejería de Agricultura ha insistido en que no se han perdido fondos de este
programa, y no entiende la alarma generada por el PSOE extremeño, ya que ese
dinero está “contablemente reservado” para pagar los saldos cuando los
viticultores finalicen sus trabajos, y todos los problemas que puedan surgir es
fruto de esa normativa aprobada por el Gobierno socialista en junio de 2011.
