18 familias desahuciadas disponen ya de una vivienda

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El Gobierno de Extremadura ha entregado durante esta legislatura 18 viviendas de promoción pública a otras tantas familias que perdieron su hogar tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución hipotecaria a instancias del banco.

[Img #30078]Ello está siendo posible gracias a
la campaña de inspección del parque de 14.270 viviendas públicas que está
realizando la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo.


El objetivo es detectar
disfuncionalidades en su uso de cara a recuperarlas y readjudicarlas a
ciudadanos que las necesitan. Hasta la fecha se ha detectado que un diez por
ciento de ellas no están ocupadas, lo están de forma ilegal o acogen
actividades antisociales.


El Ejecutivo extremeño ha recuperado
desde finales de 2011 un total de 193 viviendas públicas a las que sus
adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal. Todas ellas han sido
readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema
necesidad.


El consejero de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, ha asegurado no entender
cómo es posible que portavoces de la denominada Plataforma de Afectados por la
Hipoteca critiquen en los medios de comunicación la actuación de la
Administración autonómica, cuando la política social que se está desarrollando
va encaminada, en este caso, a “dar un hogar a quienes se han quedado sin él
por no poder pagar la hipoteca al banco”.


“Nuestra responsabilidad como
administración es no permitir que las viviendas públicas estén en manos de
personas que hacen mal uso de ellas y entregarlas a familias que realmente las
necesitan”, ha explicado Del Moral.


“Estamos detectando que hay pisos
que no estaban ocupados habitualmente, en otros existe una falta reiterada de
pago, e incluso hay casas en las que se ejercen actividades inapropiadas”, ha indicado el máximo responsable autonómico de Vivienda. Por ello, recalca, “se
está trabajando intensamente para solucionar estas disfunciones”.


INSPECCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS


La Dirección General de Arquitectura
y Vivienda está desarrollando en estos momentos un intenso trabajo de
inspección del parque regional de viviendas de promoción pública, que asciende
a 14.270 casas. De ellas se ha chequeado, al cierre de agosto, el 63 por ciento.


El resultado de las inspecciones
revela por ahora que un 8,07 por ciento de las viviendas visitadas están
desocupadas, un 4,97 por ciento están habitadas por personas que no pueden acreditar
su titularidad y un 1,13 por ciento están ocupadas ilegalmente. Un 2,55 por
ciento de las casas carecen de agua corriente y el 2,58 por ciento no tienen
luz. Por último, en el 0,57 por ciento de ellas se ejercen conductas
antisociales, según informaciones contrastadas ofrecidas por los vecinos.



DESAHUCIOS


En 2012 se ejecutaron 44 procesos de
lanzamiento: 17 en Cáceres, 14 en Badajoz, 6 en Mérida, 2 en Plasencia y 5 en
otros municipios de la provincia cacereña. De ellos, 38 fueron desahucios y 6,
entregas voluntarias por parte de los adjudicatarios.


En 2013 se han ejecutado hasta la
fecha 25 desahucios: 10 en Cáceres, 3 en Badajoz, 2 en Moraleja y 10 en diferentes
municipios de la provincia de Badajoz.


El Gobierno de Extremadura ha tenido
que realizar una inversión aproximada de 700.000 euros para acondicionar estas
69 viviendas recuperadas antes de ser entregadas a los nuevos moradores.


LOS ÚLTIMOS CASOS


La Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, en estrecha colaboración con la Delegación
del Gobierno, ha ejecutado esta semana las últimas cinco resoluciones
judiciales de desahucios de viviendas de promoción pública. Han tenido lugar en
la calle Juan García García, en el barrio cacereño de Aldea Moret.


Los cinco pisos no estaban siendo
destinados por los adjudicatarios a domicilio habitual y permanente, como
establece la legislación. De hecho, en cuatro de los casos, cuando se ha
accedido a las viviendas con la correspondiente orden judicial, no había nadie
en el interior de ellas. En una de las viviendas estaban unos sobrinos de la
adjudicataria, quienes abandonaron la vivienda al ser invitados a ello.


Se daban casos sangrantes como que
una de las desahuciadas tiene su domicilio habitual en Palma de Mallorca. Otro
adjudicatario y su familia, que no residían en el inmueble, utilizaban el piso
como almacén de muebles. Una tercera vivienda estaba en pésimo estado de
conservación puesto que los ocupantes se habían llevado el aluminio y toda la
instalación eléctrica.


Estos cinco últimos desahucios, como
todos los puestos en marcha por el Gobierno de Extremadura, han sido
debidamente autorizados por la autoridad judicial, se han desarrollado sin
incidentes y suponen la finalización del expediente de desahucio.


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