La Dirección General de Transportes ha asegurado que no está sometiendo a los agricultores extremeños a un proceso específico de inspección y ha garantizado que todo profesional del campo que transporte su cosecha respetando la normativa no debe tener temor a ser sancionado.
Ante las
críticas de UPA-UCE Extremadura, el director general de Transportes, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, Miguel Ángel Rufo, ha aclarado que desde la
Consejería de Fomento se ha realizado un ejercicio de transparencia y asesoramiento
con los representantes de los agricultores, para acercar la realidad compleja
de la normativa del transporte a las tradicionales prácticas de recolección
agrícola, con el único objetivo de que los profesionales del campo sepan cómo
actuar y puedan llevar a cabo el transporte sin incurrir en infracciones.
La Dirección
General de Transportes tramita una media de 4.000 sanciones al año por
incumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. De ellas,
3.600 son actas abiertas por la Guardia Civil, por lo que lo único que se hace
desde la Consejería de Fomento es darles trámite administrativo para cumplir la
normativa legal. Del total, sólo 400 sanciones responden a las obligadas
labores de inspección de la Dirección General de Transportes.
De las 4.000
sanciones tramitadas, sólo unas 30 han afectado directamente a agricultores en
el último año como consecuencia de la labor de inspección de la Dirección
General de Transportes. La mayor parte de ellas se refieren a falsos
agricultores cuya única actividad era el transporte público de mercancías
ajenas.
El
responsable regional de Transportes ha sostenido que la Administración debe
velar por que no se lleve a cabo transporte público sin contar con las
autorizaciones preceptivas y sin reunir los requisitos que exige la ley.
La Consejería
de Fomento ha vuelto a ponerse a disposición de los profesionales del campo
para resolverles cuantas dudas tengan sobre la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre.
