Este jueves 24 de octubre, asociaciones de padres de alumnos, trabajadores de la enseñanza pública y concertada, funcionarios docentes y estudiantes, es decir, casi todos los niveles de la educación, están llamados a la huelga general de la enseñanza, que cierra tres días de convocatoria de protesta en este inicio de curso.
El motivo, protestar contra el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida también como ‘Ley Wert’, contra los recortes, la subida de tasas académicas y el nuevo decreto que endurece los requisitos para acceder a las becas. También se han unido a la convocatoria organizaciones de profesores con reivindicaciones «profesionales».
or segunda vez este año, después de la huelga celebrada el pasado mes de mayo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública llama a docentes, familias y alumnos a «paralizar» la enseñanza desde infantil hasta la Universidad contra los «recortes» y la reforma educativa que impulsa el ministerio encabezado por José Ignacio Wert.
Este movimiento ha llamado también a la ciudadanía a secundar las manifestaciones que se celebrarán en varias ciudades españolas por la tarde.
Se trata de la primera semana de protestas de este curso escolar 2013-2014, ya que desde el martes los estudiantes han hecho huelga y celebrado protestas.
Reivindicaciones laborales de los profesores
A este paro se han unido también otras organizaciones de docentes como ANPE, CSIF (de funcionarios) o FSIE (de la enseñanza concertada), que en otras ocasiones no han participado.
Sin embargo, se han desmarcado de las reivindicaciones de la plataforma, alegando que las suyas son «profesionales» y no van a participar en la marcha convocada por la tarde. CSIF, por su parte, se concentrará frente al Ministerio de Educación a las 11:00 de la mañana.
Izquierda Unida y el PSOE han mostrado su apoyo a la huelga y, previsiblemente, algunos de sus representantes participarán en la marcha de Madrid, como otras veces.
En concreto, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha apoyado recientemente con su firma la campaña de la Plataforma por la Escuela Pública contra la LOMCE, además de trasladar este miércoles el «apoyo cerrado» de su formación política y ha advertido de que la huelga le cuesta «muy caro» al profesorado.
Padres y patronales católicos, contra la huelga
Otros colectivos, como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) o la patronal Escuelas Católicas, se han manifestado en contra de la huelga, pese a no estar de acuerdo con la reforma educativa del Gobierno, pues la ven mejorable. Ambas organizaciones coinciden en que parar el sistema no soluciona los problemas educativos y han pedido que se garantice la atención del alumnado que asista a clase.
Escuelas Católicas, formada por 2.056 centros, ha expresado su apuesta por «la búsqueda de un consenso político y social que aleje a la educación de la confrontación permanente», pero también ha recordado que los centros concertados y sus trabajadores «siguen sufriendo las políticas de recortes», que «no sólo afectan a la pública».
Los padres católicos, aunque se desmarcan de las movilizaciones, sí piden que se corrijan algunas «importantes carencias» de la nueva ley que, en todo caso, «mejora la calamitosa legislación derivada de la LOGSE, que ha llevado a una tasa de abandono y fracaso escolar de los más altos de Europa».
Indignación por las declaraciones de Gomendio
Las declaraciones sobre la huelga vertidas por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, han indignado a los sindicatos docentes.
Gomendio llamó la atención sobre que los profesores tienen el puesto de trabajo «asegurado» y, sin embargo, «los padres se están enfrentando a tasas de desempleo muy elevadas y a una serie de dificultades económicas muy importantes».
CSIF ha calificado de «inaceptable» esta afirmación y ha recordado que 4.000 profesores han perdido su empleo en lo que va de año, mientras que UGT y CC.OO han acusado a la ‘número dos’ del ministerio de querer enfrentar a padres y profesores con «mentiras torticeras».
Según estos dos sindicatos, se han perdido en torno 25.000 profesores de la educación pública no universitaria, 4.600 universitarios y 1.600 empleados de administración y servicios de universidades durante el último año.
