EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

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El
Gobierno del Partido Popular prometió, cuando no era gobierno claro, que la
independencia de la Justicia sería una realidad esta legislatura, y una vez
ganadas las elecciones y nombrado Ministro de Justicia al Sr. Gallardón, nada
de lo prometido. El incumplimiento del programa del partido popular en este
tema es claro y clamoroso. Y una vez más, avanzada ya la legislatura, no se
vislumbra cambio alguno en el horizonte que nos haga pensar que el PP va ha
hacer cosa distinta de los gobiernos anteriores.


Establece el artículo 122 de la
Constitución Española que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de
gobierno de los Jueces y Magistrados. Un órgano de gobierno que no es elegido
por quienes está destinado a servir, a los jueces, sino que es elegido por el
poder político. La ley Orgánica del Poder Judicial estable las normas que
determinan la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y
Tribunales y el estatuto jurídico del personal que lo forma amen de la
estructura judicial española y su funcionamiento, nada más y nada menos.


Estos días los partidos políticos
con representación parlamentaria están intentando llegar a un acuerdo para
poner a la firma del Rey, los nombres de los que ellos quieren que estén
sentados en el Consejo del Poder Judicial. Principalmente PP y PSOE que en este
tema seguro, seguro que se entenderán perfectamente ya que incluso el PP
“ha dado” al Partido Socialista una semana más para que se lo piense.
Todos contentos, menos los jueces que siguen sin tener en dichas elecciones el
protagonismo que les debería corresponder.


Se me podrá decir que en
definitiva son elegidos por los representantes del pueblo español, en quien
reside la soberanía y del que emanan todos los poderes del Estado, entre ellos
la Justicia. Y es verdad que el ejercicio de la potestad jurisdiccional que a
diario se ejerce en todos los juzgados españoles, no está supeditada al Consejo
de Gobierno, sino a la ley. Pero el problema radica en que la promoción
profesional de los miembros de la Carrera Judicial para ser nombrados
Presidentes de Salas y Magistrados del Tribunal Supremo o Presidentes de los
Tribunales o Audiencias, supone una decisión discrecional del pleno del Consejo
del Poder Judicial, a la postre una decisión política, de política ju
dicial

 

Esperemos ver los nombres de los
elegidos y seguro que se nos ocurre más de un motivo para pensar por que van a
estar sentados en el Consejo General del Poder Judicial.


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