Así lo ha manifestado el secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, refiriéndose a las devoluciones anunciadas tanto por Castila y León como ayer mismo por el presidente del Gobex, José Antonio Monago, así como la que en su día s hizo desde el País Vaco, que decidió abonársela a sus funcionarios, alegando competencias propias para ello.
Beteta ha
indicado que en la actualidad se está a la espera de que el Tribunal
Constitucional resuelva el conflicto presentado contra la decisión del Gobierno
vasco de abonar esta paga el año pasado. «Entre tanto no haya este
pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre
la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real
decreto y no se puede abonar», ha
recalcado Beteta para añadir que «Cualquier actuación unilateral que se
lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del
Estado por incumplimiento de este real decreto».
El secretario de Estado se refería así al real
decreto 20/2012 que suprimió esta extra en su artículo 2 y cuya aplicación es
obligatoria para todas las administraciones públicas del país: central,
autonómicas y locales, así como el sector público dependiente de ellas.
«Cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas
instituciones será recurrida por parte
de la Administración del Estado por incumplimiento de este real decreto»,
ha insistido Beteta.
