Hasta septiembre de este año se han registrado 929 denuncias por violencia de género en Extremadura, lo que representa un descenso respecto al mismo período del año anterior, cifras que se han dado a conocer en la Comisión Permanente para la Erradicación y Prevención de la Violencia contra la Mujer, máximo órgano de coordinación institucional en esta materia, que se ha reunido en Cáceres.
El
consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, que ha
presidido la reunión, ha subrayado, que “no debemos bajar la guardia, pues somos
conscientes de que sigue siendo necesario luchar eficazmente contra esta
lacra”.
“Estos
difíciles momentos que atravesamos no han supuesto una disminución del esfuerzo
que venimos realizando en la erradicación de la violencia contra la mujer,
tampoco en el apoyo constante que prestamos a las victimas y sus hijos e hijas”,
ha añadido el consejero.
Asimismo
ha valorado la acción “unitaria” que el Gobierno de Extremadura promueve en
este campo con la participación de todos los actores representados en esta
Comisión Permanente, concretamente el Gobierno de Extremadura, la Delegación
del Gobierno, la FEMPEX, la Administración de Justicia, los colegios
profesionales de abogados y psicólogos, los medios de comunicación, las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y también la universidad.
En
esta sesión se ha hecho balance de la labor acometida en este campo durante el
año 2013 y las iniciativas puestas en marcha.
Entre
ellas ha resaltado la creación del Consejo Extremeño de Participación de las
Mujeres, con el que se da cumplimiento a la Ley de Igualdad y contra la
Violencia de Género de Extremadura, dando “voz y voto a las mujeres de nuestra
región”.
PROTOCOLOS
También
ha mencionado la elaboración del Primer Protocolo Extremeño contra la Trata de
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, y la aprobación del Protocolo de
Colaboración Territorial suscrito entre las administraciones central, regional
y local.
En
este último, ha señalado, se plasma el “firme compromiso” por parte de las
instituciones firmantes para establecer unos procedimientos básicos y comunes
de actuación así como de coordinación para el personal profesional de los
diferentes ámbitos de actuación impulsando la optimización de los recursos y
servicios.
