Para UPA-UCE, la PAC está hecha a la medida de especuladores y latifundistas

Ignacio Huertas anuncia que más de 1.000 agricultores y ganaderos extremeños asistirán a la manifestación convocada por UPA el próximo martes 21 de enero a las puertas del Ministerio de Agricultura, para reivindicar que la reforma de la PAC “no perjudique a los agricultores y ganaderos profesionales”.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, ha puesto de manifiesto la preocupación de los agricultores y
ganaderos extremeños por las decisiones que se están tomando en el Ministerio
de Agricultura para la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común en
nuestro país, decisiones que según Huertas se están tomando “sin contar el sector”: “Hemos tenido
muchas reuniones con el Ministerio, pero son reuniones donde no se negocia, se
nos dan los acuerdos ya cerrados por el Ministerio y las Comunidades Autónomas”.

Algunos aspectos
de la reforma que perjudican a los profesionales del campo son el cambio de año de referencia (de 2011 a 2013); la imposición
de un techo de ayudas (300.000 €)
que para UPA “no sirve para nada”; o un
presupuesto insuficiente para las ayudas acopladas (en lugar del 15% que
permite Europa la propuesta del Ministro es dejarlas en un 11,78%), lo que hace
que el futuro de sectores tan importante para la economía extremeña como el
tomate o el arroz no tengan garantizado su futuro: “Los agricultores de tomate
van a estar en una media de 200 euros de ayuda acoplada y los de arroz van a
estar la ayuda en torno a 100 euros por hectárea. No se entiende que con los
costes de producción que tenemos vayamos a percibir la mitad y una quinta parte
respectivamente de las ayudas que tengan asignadas los agricultores de
remolacha”.

Huertas
también ha destacado que la nueva PAC no da respuesta a las necesidades del
sector ganadero, además que la reforma se caracteriza por la “falta de
soluciones para sectores estratégicos
de la región como el tabaco o el olivar tradicional”, que ven peligrar su
futuro ante la falta de apoyos y con unos precios que no cubren los costes de
producción.

Por ello, Ignacio
Huertas ha exigido al Consejero de Agricultura extremeño que “baje de la nube y
no haga un cierre de filas político con el Ministro”, lo que según Huertas
llevaría a un acuerdo perjudicial
para los agricultores y ganaderos extremeños.

El
secretario general de UPA-UCE ha señalado que “hay  tiempo hasta agosto para cerrar un acuerdo transparente y que contemple los
intereses de Extremadura y no los del Ministro de Agricultura”, al que
Huertas acusa de “utilizar la técnica del salchichón: va corando la reforma
rodaja a rodaja sin dar a conocer el conjunto”.  

Por último
y con el objetivo de reivindicar una PAC justa para los agricultores y
ganaderos profesionales, Huertas ha anunciando que más de 1.000 agricultores y ganaderos de la región asistirán a la
manifestación convocada por UPA en Madrid el 21 de enero a las puertas del
Ministerio de Agricultura, y advierte que de no cambiar la situación, las
movilizaciones podrían extenderse a las Comunidades Autónomas, incluida
Extremadura.    

REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON LOS REGANTES

Con respecto a la reunión de esta
mañana de José Antonio Monago con la junta directiva de las Comunidades de
Regantes de Orellana y del Tajo, Ignacio Huertas ha querido señalar que pese a
las distintas reuniones mantenidas con el Consejero de Agricultura, el Delegado
del Gobierno en Extremadura y el Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para denunciar la difícil situación que atraviesa el regadío
extremeño por las continuas subidas de los
costes eléctrico y de riego a las que tienen que hacer frente los
agricultores; todavía no han obtenido respuesta. Por ello, Ignacio Huertas
reclama que la Junta se implique en este tema ya ayude a los regantes: “Le
pedimos al Presidente de la Junta que intervenga”.

Los agricultores de regadío desde hace
tiempo reivindican tener una mayor
participación en la elaboración de las tarifas de riego; la revisión de estas tarifas, que incluyen
subidas “desmesuradas”; tener mayor poder decisión
sobre las obras de mejora que se ejecuten en las instalaciones de riego, ya
que estas decisiones se toman de forma unilateral desde la CHG; que de los
fondos Feder que llegan a la Confederación, se repercuta a las comunidades de
regantes la totalidad de la amortización
de las obras, sin descontar los fondos procedentes de Europa; y por último,
la solicitud de agilización de la
encomienda de gestión de los canales de riego para las comunidades de
regantes que lo soliciten, ya que supone un abaratamiento de las tarifas
“considerable”.