Consejeros y altos cargos no se podrán presentar a oposiciones de la Administración para la que trabajan

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Los consejeros y altos cargos no se podrán presentar a las oposiciones que convoque la Administración para la que trabajan. ” Así se acaba el trampolín para acceder a función pública” . Los cargos de libre designación no están contemplados. El tribunal calificador estará formado por personal cualificado de cualquier administración, a través de una convocatoria, mediante un modelo garantista para los opositores. Se contempla la figura del observador sindical. Todo ello dentro de la nueva ley de la Función Pública, tratada en el Consejo de Gobierno de este martes en Mérida.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha afirmado que las oposiciones a la Administración autonómica “no pueden tener color político” y ha anunciado que el Ejecutivo va a velar “para que nunca más se produzcan irregularidades”.


En el Consejo de Gobierno de este martes 21 de enero,  se ha estudiado de forma monográfica el texto de lo que será la nueva Ley de la Función Pública de Extremadura, en la que se van a introducir “mecanismos que garanticen un acceso más justo, más equitativo y más transparente” a la Administración de la Comunidad Autónoma y que respete los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, señaló la portavoz.

Teniente avanzó algunas de las medidas que se ahora están en estudio, entre las que mencionó un nuevo régimen de incompatibilidades que prohíba a los altos cargos del Gobierno regional presentarse a unas oposiciones que “hayan sido convocadas y desarrolladas” por ese mismo Ejecutivo, una medida a la que ya se han prestado “voluntariamente” los integrantes del Consejo de Gobierno y los altos cargos de la Administración regional.

Otra de las medidas que se está elaborando es el sistema de designación de los empleados públicos que vayan a formar parte de los tribunales de selección de las oposiciones para acabar, dijo, “con la designación nominal” de sus componentes.

Teniente avanzó que la designación “se hará por sorteo entre los empleados públicos que reúnan las condiciones necesarias y de profesionalidad”, y se abrirá la posibilidad de que puedan formar parte de los tribunales empleados públicos de otras administraciones públicas del país que cuenten con esos requisitos.

Por primera vez, dijo la portavoz, los integrantes de los tribunales calificadores no serán designados “por los políticos” y su “designación nominal tampoco coincidirá con la propia convocatoria de los procesos selectivos sino que se recurrirá “a un modelo mucho más garantista”.

“Esto va ser realidad –agregó- con las oposiciones que tenemos abiertas para acceder a la Administración, las primeras que va a gestionar este Gobierno”.


REFORZAR A LOS OBSERVADORES SINDICALES


Por otra parte, Teniente se refirió al papel de los “observadores sindicales” como garantes de los procesos y avanzó que se pretende regular “de manera específica y precisa” dicha figura con el fin de prestigiarla y de que “sean informados de forma previa y exacta de cada una de las fases del procedimiento”.

También está previsto establecer, informó la vicepresidenta, un “calendario general para la oferta de empleo público” de la Comunidad Autónoma” que incluiría la obligación de realizar una convocatoria por año, con lo que se acabaría, dijo, “con el calendario flexible o arbitrario que genera incertidumbre entre nuestros opositores”·.

 Asimismo, señaló que uno de los objetivos del nuevo texto será que en todo momento “estén garantizados los derechos de los opositores ante cualquier reclamación” que quieran realizar ante situaciones irregulares, algo que hasta ahora no se producía por el miedo de los aspirantes a ser “señalados con el dedo”. Teniente aseguró que cada posible irregularidad será investigada “hasta el final”

Todas estas medidas, valoró la portavoz, marcarán “un antes y un después en el acceso a la Función Pública” e impedir determinadas prácticas por las cuales “altos cargos del Gobierno han utilizado sus puestos como trampolín para el acceso a la Función Pública”.

Teniente también avanzó que el Gobierno está estudiando un proyecto normativo que “regule la transición de un gobierno a otro” y que, entre otras cuestiones, “impida que un gobierno en funciones pueda convocar una oposiciones”.


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