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Rajoy: «Mientras yo sea presidente ni se celebrará ningún referéndum ilegal, ni se fragmentará España»

ESPAÑA
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado que impedirá la consulta de autodeterminación en Cataluña con la ley en la mano: «Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España».

[Img #33502]Al clausurar la convención del PP catalán, ha justificado su actitud hasta ahora ante el proceso soberanista: «He procurado ser prudente para no crear tensiones adicionales; porque soy así, y continuaré haciéndolo. Pero eso no está reñido con dejar las cosas claras».

   «Mi obligación es no permitir que se celebre ese referéndum, porque, de lo contrario, estaría violando la ley», ha dicho mientras los asistentes al acto le aplaudían y han llegado a gritarle ‘No pares, sigue, sigue’.

Rajoy ha advertido al de la Generalitat, Artur Mas, de que no dialogará sobre una consulta de autodeterminación porque está fuera de la legalidad y porque la soberanía corresponde a todos los españoles: «Desde luego, que no se me busque para negociar lo que considero que perjudica profundamente al conjunto de mis patriotas».

   «Que no se me busque en el campo de la ilegalidad ni se me pida dialogar sobre lo que no es mío y, por tanto, no puedo dar porque pertenece a todos los españoles», ha avisado durante la clausura de la convención que el PP catalán ha celebrado en Barcelona.

   Ha criticado también que Mas hable de diálogo mientras unilateralmente: «Cuando no se respeta la legislación ni las formas, lo que se busca no es el diálogo, sino el desistimiento, la aquiescencia o, peor, la complicidad», y ha pedido a quienes quieran diálogo que empiecen a dar ejemplo hablando con los catalanes que no comparten esos planes.

Ante el argumento del Ejecutivo catalán de que votar es democrático y de que no permitir la consulta va contra la democracia, ha advertido de que es necesario respetar la ley para que un acto sea democrático.

   Ha defendido que, en lo que afecte a toda España –sea un cambio de sistema político o una fragmentación de su territorio– «tienen derecho a opinar todos los afectados, es decir, todos los españoles», porque a todos les afectan sus consecuencias.


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