La RIET propondrá una estrategia de desarrollo económico para la frontera hispano-lusa

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El Comité Director de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, RIET, al que pertenece Cáceres, ha acordado proponer a las próxima Cumbre Ibérica un conjunto de medidas en los ámbitos de movilidad, infraestructuras, desarrollo económico, vertebración social y medio ambiente, que considera necesarios para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la frontera.

El
punto central de la reunión, celebrada en Oporto, y de la propuesta a la Cumbre
es la de impulsar un Plan de Crecimiento Económico para desarrollar la
competitividad de las empresas y las ciudades.

 

El
documento, que será propuesto al Presidente del Gobierno de España y al Primer
Ministro de Portugal por las 25 entidades políticas y económicas que forman
parte de la RIET, contempla varias medidas.

 

Entre
ellas impulsar una Plataforma conjunta de Correos Ibéricos, para minorar los
costes logísticos de distribución, tanto postal, como mensajerías;  y eliminar el roaming telefónico entre España
y Portugal para conexiones telefónicas y de datos.

 

En
este sentido, el próximo mes de febrero, el nuevo Presidente de la RIET, José
María Costa, alcalde de Viana do Castelo, se reunirá en Bruselas con la
Comisión Europea para incidir en la necesidad de la eliminación del roaming en
voz y datos cuyo efecto limita la competitividad de las empresa en la frontera
y vulnera derechos ciudadanos al invadir las señales de las operadoras de un
país, en el otro.

 

Además,
este Plan Económico debe analizar las posibilidades y mecanismos para impulsar
una política de armonización fiscal Ibérica, que acabe tanto con las políticas
de deslocalizaciones, como con la desigualdad en términos de competitividad en
el sector de servicios transfronterizos

 

Igualmente,
la RIET plateará a ambos gobiernos la firma de un acuerdo bilateral, similar al
existente en materia de Sanidad, para el transporte de proximidad de pasajeros,
que permita que las entidades regionales de Portugal y las Comunidades
Autónomas de España puedan decidir su creación, sin necesitar la autorización
de los gobiernos centrales de ambos países, como ocurre en la actualidad, lo
que agilizará su puesta en servicio.


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