17.000 desempleados se benefician de la exención de tasas para la Convocatoria de Empleo Público

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Un total de 17.000 desempleados, de ellos 3.000 nuevos parados, se han beneficiado de la exención de tasas, de aproximadamente unos 35 euros, para participar en la Convocatoria Pública de Empleo del Gobierno de Extremadura, a la que van a concurrir casi 170.000 personas.

[Img #33609]El
consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha anunciado
que “el Consejo de Gobierno era consciente de que la inclusión sin más de esta
exención en la convocatoria tendría un efecto en las cifras de paro registrado
del mes de enero”.

 

Sin
embargo, ha añadido, “en línea con nuestro compromiso de allanar el camino de
las oportunidades a los que más lo necesitan, decidimos asumir una eventual
subida del desempleo a cambio de facilitar el acceso de los más desfavorecidos
a las oposiciones, de proteger al más débil”.

 

Esta
es una nueva medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura para que
los opositores en situación de desempleo no tengan que hacer frente al
desembolso de las tasas, en contraposición al sistema anterior en el que tras
abonar las tasas y una vez finalizadas las pruebas, el opositor debía demostrar
su situación y solicitar la devolución del dinero.

 

De
este modo, en el SEXPE, del 1 de enero al 17 del mismo mes, se habilitó un
plazo en el que se debían registrar todos aquellos interesados en beneficiarse
de esta exención como demandantes de empleo.

 

TRANSPARENCIA
EN LOS PROCESOS

 

Nevado-Batalla
ha informado sobre el transcurso y evolución de este proceso, en aras a velar
por la transparencia del mismo y defender “los principios de igualdad, mérito y
capacidad que tiene que imperar en este tipo de convocatoria”.

 

En
este sentido, ha señalado que ya se están arbitrando medidas para aplicar lo
anunciado en el pasado Consejo de Gobierno, que incluyen novedades respecto a
procedimientos anteriores, entre ellas, se establece que los altos cargos no
podrán participar en aquellas convocatorias realizadas por el Gobierno que los
nombró, se asegurará el anonimato de los aspirantes y se establecerá con
antelación los criterios de evaluación de las pruebas.

 

En
relación a los tribunales, ha señalado, se les exigirá su propia
responsabilidad, “ya que no todo depende de la Administración convocante”, de
ahí que se elabore un Manual para que los tribunales, “además de tener un
componente científico” tengan un conocimiento exhaustivo de todo el proceso.

 

Con
todo ello, y a juicio del responsable de Administración Pública, este Gobierno
demuestra que “por encima de la palabras, se aportan hechos”.


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