El Gobierno de Extremadura intensificará en 2014 su política social para conseguir que las viviendas de promoción pública sólo estén en manos de las familias necesitadas y no de las aprovechadas.
El
Ejecutivo extremeño ha respondido así a las declaraciones realizadas por el
secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, quien ha
anunciado que su partido presentará la próxima semana en el Parlamento
autonómico una propuesta de Ley de Emergencia Social de Vivienda para evitar
los desahucios hipotecarios.
En
la presente legislatura, las autoridades judiciales han decretado 75 desahucios
en viviendas sociales del Gobex. En la práctica totalidad de los casos se
trataba de inmuebles desocupados, ocupados ilegalmente o donde se realizaban
conductas antisociales.
Los
desahucios por impago son minoría. Todos ellos se han debido a que el
adjudicatario adeudaba más de 100 recibos mensuales –lo que demuestra que la
deuda no guardaba relación con una situación sobrevenida por la crisis—y a que
se acreditaba que éste tenía medios para no haber tenido que llegar a este
extremo.
En
todos los casos, estas viviendas recuperadas han sido entregadas de nuevo a
familias con bajos recursos.
En
2013 hubo en Extremadura 948 desahucios a instancias de los bancos, según los
datos del Consejo General del Poder Judicial, y 24 por petición de la
Administración extremeña.
Todos
estos datos avalan que el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, afirma el Gobierno de Extremadura, no tiene argumentos para
pedir la suspensión de los desahucios de viviendas sociales por impago, como ha
dicho en la presentación de la denominada Propuesta de Ley de Emergencia Social
de Vivienda.
De
hecho, el Ejecutivo regional modificó la normativa en 2013 para que los
inquilinos de las viviendas sociales que no pudieran abonar las cuotas por
cambios en su situación económica se beneficiaran de una rebaja en el alquiler
e incluso la exención total de éste durante dos años. A día de hoy, 1.393
familias que residen en viviendas de promoción pública (el 10% del total) están
disfrutando de estas minoraciones.
La
afirmación del PSOE de que el presidente Monago es “el mayor desahuciador de la
región” es, por tanto, radicalmente falsa y malintencionada.
35 VIVIENDAS SOCIALES
De
hecho, la Administración autonómica ha entregado en los últimos siete meses 35
viviendas sociales a familias que habían sido expulsadas de su hogar por no poder
pagar la hipoteca al banco.
Esto
ha sido posible porque el Gobierno de Monago modificó en 2013 el decreto de
adjudicación de viviendas, creando así un instrumento legal eficaz, capaz de
dar respuesta a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Durante
el año 2013, el Gobierno de Extremadura ha invertido más de 7 millones de euros
para entregar 300 viviendas sociales a familias con pocos recursos. Esta cifra
alcanza las 745 viviendas durante esta legislatura.
La
actuación del Gobierno de Extremadura se seguirá centrando en afianzar la
política social e igualitaria en materia de vivienda. En esta línea, tomará las
medidas necesarias, siguiendo siempre criterios racionales y legales, para
adjudicar las viviendas de promoción pública a quienes las necesitan y no a
quienes no las precisan o las destrozan.
La
rigurosa política de desahucios que está desarrollando el Gobierno de
Extremadura no es fruto del capricho ni de la improvisación. A los desahucios,
amparados todos judicialmente, se llega tras un largo, complejo y garantista
proceso, resultado del trabajo de la Comisión Técnica de Intervención Social de
Viviendas.
