Se creará una Oficina de Control de la Oposiciones en Extremadura,

Los diputados regionales han aprobado por unanimidad la creación de una Oficina de Control de la Oposiciones en Extremadura, a propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que complementará las medidas anunciadas por el Ejecutivo de José Antonio Monago en aras a garantizar los derechos de los aspirantes a los procesos selectivos convocados por la Administración autonómica.

La propuesta de impulso, que ha recibido el voto favorable de
todos los diputados de la Cámara autonómica, ha sido presentada de tal
forma abierta, de tal forma que el conjunto de los grupos parlamentarios
participará en el diseño del funcionamiento y composición de la nueva
oficina, tal y como ha resaltado la diputada del Grupo Popular María
Inés Rubio, encargada de defender la propuesta.

   En su intervención, ha resaltado que las oposiciones han de
carecer de «color político» y que, por tanto, han de adoptarse los
mecanismos necesarios para «proteger la legalidad y el derecho de todos
los opositores».

   Asimismo, ha hecho referencia a una serie de medidas anunciadas
días atrás por el Gobierno regional, tras conocerse las informaciones
sobre la participación de la exconsejera socialista de Sanidad, María
Jesús Mejuto, en un proceso selectivo convocado por su departamento
cuando se encontraba en funciones, antes de que se produjera el cambio
de Gobierno tras las pasadas elecciones autonómicas.

   En la propia justificación de la propuesta de impulso se hace
referencia directa a este asunto, y se indica que un caso como el de
«una consejera que convoca una oferta pública de empleo y elige como
presidente del tribunal examinador a una persona cercana, dando como
resultado la primera nota -con diferencia- en esas oposiciones, no
pueden ser consideradas como un proceso transparente y limpio y, por
tanto, la Administración debe velar por que tal circunstancia no vuelva
nunca a repetirse».

Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Monago y reseñadas
por la diputada ‘popular’, se encuentran las limitaciones para impedir
expresamente que los altos cargos y miembros del consejo de Gobierno se
presenten a procesos selectivos convocados por la propia administración
regional, así como ampliar el catálogo de incompatibilidades.

   También las encaminadas a acabar con designación nominal de
tribunales y sustituirla por sorteos, y reforzar la figura de los
sindicatos como «máximos garantes de la objetividad, transparencia y
lealtad, y generan confianza en la ciudadanía».

   Díaz, que ha recordado que la creación de esta oficina ya fue
reclamada por el Grupo Popular cuando estaba en la bancada de la
oposición, ha señalado que tiene como objetivo «velar por la seguridad
jurídica de los procesos», así como recuperar la «confianza» de la
sociedad en las instituciones y devolver la «credibilidad» a la clase
política.

   En este sentido, ha apuntado que durante «muchos años ha
sobrevolado la sospecha de la irregularidad» en los procesos selectivos
convocados por la Administración autonómica, algo que ahora se pretende
corregir con la puesta en marcha de este órgano que, además, reforzará
la labor de control asignada al Parlamento extremeño.