El Gobierno perseguirá a las webs que enlacen a contenidos con derechos de autor

Así lo ha señalado el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, quien ha explicado que esta medida se llevará a cabo gracias a la reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta es una de las propuestas incluidas en la normativa para «fortalecer los instrumentos de lucha contra la piratería», que también irán acompañados de un aumento de la potestad sancionadora de la Comisión de Propiedad Intelectual.

En este caso, se introducirán «mecanismos eficaces»
para perseguir el modelo de negocio a través de intermediarios que
ofrecen enlaces «sofisticados» que redireccionan a gran escala hacia las
direcciones de gran almacenamiento que infringen estos derechos. No
obstante, la ley excluye a los buscadores que «ocasionalmente y sin finalidad comercial» puedan enlazar contenidos ilícitos.

«No
se trata ya solo de quienes alojan contenidos ilegales sin
autorización, sino también de quienes facilitan el enlace a esos
alojadores de servicios ilegales. De esta manera, se actúa contra
aquellas entidades que facilitan especifica y masivamente los contenidos
de manera ilícita», ha apuntado Wert.

El texto recoge que las
sanciones contra la piratería se fortalecerán y se introducirá un
régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función
del grado de infracción. Estas medidas también afectarán a los
intermediarios, tanto a anunciantes como intermediarios de pago electrónico, adoptando como última solución el bloqueo técnico de este tipo de páginas.

La
ley también recoge la compensación a los editores frente a determinados
tipo de utilización de sus contenidos por parte de los agregadores. En
concreto, autoriza con carácter general el uso de fragmentos no
significativos de contenidos informativos, de formación de opinión o de
entretenimiento, si bien «con un derecho irrenunciable de compensación» a
los editores u otros titulares sobre estos fragmentos.

En este
apartado se excluyen a las fotografías, que siempre han requerido
autorización, y también a la actividad de búsqueda mediante palabras
aisladas que remiten a la página original. «Es una regulación pionera en
el ámbito de la UE ya que por primera vez la legislación introduce los
derechos de los editores respecto al uso que de sus ediciones hacen los
agregadores de noticias», ha señalado