UPyD denuncia: ​La ex Vicepresidenta Pallero aprobó un examen de la Junta con dos personas de su confianza bajo su mandato en el tribunal

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María Dolores Pallero Espadero, Vicepresidenta primera y Portavoz de la Junta de Extremadura con Guillermo Fernández Vara, poco días antes de las elecciones, por resolución del 5 mayo 2011, hizo público la relación de Letrados de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura. La Dirección General de los Servicios Jurídicos se adscribe y por lo tanto dependía de María Dolores Pallero Espadero.

[Img #34204]María Dolores Pallero
Espadero se presentó a la constitución de lista de espera del Cuerpo de
Titulados Superiores, Especialidad Jurídica, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura por orden de 14 de marzo de 2013.
Pallero aprobó con un 8, quedando en la lista general en el puesto 22.

Entre los letyrados del Tribunal, según denuncia UPyD se encuentran:

María Serrano Arnés que fue directora general de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura.

Antonio Carrasco Rodríguez,
con claro perfil político, pues fue Secretario General de la Consejería
de Hacienda y Presupuesto y Secretario General de la Consejería de
Igualdad y Empleo con el PSOE.

Y Ramón Serrano Álvarez-Giraldo,
cargo de confianza como Jefe de la Sección de Asuntos Contenciosos de
la Dirección General de los Servicios Jurídicos y al que le une amistad
personal con Pallero

Con el cambio de Gobierno, bajo la presidencia
de Monago, Ramón Serrano Álvarez-Giraldo pasó a ser nombrado Director
General de los Servicios Jurídicos.  

En
el tribunal se encontraban María Serrano Arnés como vocal titular y
Antonio Carrasco Rodríguez como vocal suplente. Ambos  letrados de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura
bajo el mandato de Pallero, tal y como se ha mencionado antes.

UPyD
considera una gran incompatibilidad que un alto cargo como Pallero se
pueda presentarse a lista de espera del Cuerpo de Titulados Superiores,
Especialidad Jurídica, con  un tribunal formado por dos letrados
jurídicos que dependían de ella cuando era Vicepresidenta primera y
Portavoz de la Junta de Extremadura.

UPyD manifiesta que durante
décadas el procedimiento empleado, especialmente por el gabinete
jurídico de la Junta, ha sido el de aplicar nombramientos de confianza
para posteriormente consolidar plazas y luego presentarse a oposiciones.

Para esta formación política, el
PSOE ha tejido durante décadas una red clientelar. Por eso diseñó una
ley de incompatibilidades, aprobada en 1985, y modificada después en
1997, muy poco rigurosa, con sólo 8 artículos. Esta ley contempla leves
incompatibilidades de los altos cargos cuando vuelven al sector privado,
después de su mandato. Pero no contempla nada sobre el ingreso
de los altos cargos en la administracción justo después de terminar su
actividad política. Mediante ese gran vacío legal es como el PSOE
durante tres décadas ha ido ubicando a los de su partido dentro de la
administración.  

Asimismo, UPyD considera que el El PP en lo poco que lleva gobernando en la
Junta, ha adoptado con agrado el sistema diseñado por el PSOE durante
décadas. La ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de
los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura con una oficina de control de oposiciones, para
UPyD no deja de ser un cambio cosmético. El PP sigue permitiendo que sus
cargos de confianza se puedan presentar a las oposiciones, el ejmeplo
más reciente en el SES y las próximas de la Junta.

De ahí que haya una  propuesta de UPyD para añadir a la regulación estatuto de cargos públicos:

Para que el sistema sea realmente garantista, UPyD propone, y así llevará en su programa autonómico, las siguientes reformas:

1.Que
ningún alto cargo, cargo público, de confianza o libre designación se
pueda presentar a ninguna oposición en Extremadura durante el periodo
que ejerza el cargo, y tampoco posteriormente durante dos años. UPyD
considera que han llegado a esa posición por su condición de afiliado a
un partido y por ello deben asumir estas limitaciones.

2.Limitar y regular el número de cargos de confianza o libre designación.

3.Publicar
un registro público online de altos cargos, de confianza y libre
designación, con remuneración, responsabilidad y partido que les
nombra..

4.Impedir que el personal nombrado bajo el mandato de un
alto cargo pueda ser incluido en tribunales de selección donde se
presente ese alto cargo.

5.Todo esto debe ser aplicado a
cualquier administración de Extremadura, pues tanto PP como PSOE se
aprovechan de la ausencia de estas incompatibilidades para favorecer a
los suyos en las administraciones donde gobiernan.


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