UPyD Extremadura lleva años denunciando el abuso y afán recaudatorio del céntimo sanitario. Un impuesto cuyos únicos fines es el de recaudar, pues no se destina lo recaudado con fines sanitarios.
UPyD pide al Gobierno de Extremadura que haga caso al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) al señalar que lo recaudado por el céntimo
sanitario se destina a las comunidades autónomas para que éstas
financien el ejercicio de algunas de sus competencias. «Pues bien, el
aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el
reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo
puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una
finalidad específica», afirma el Tribunal.
UPyD en 2012 ya pidió
la eliminación del céntimo sanitario, y se estima que en Extremadura
asciende a 300 millones de euros. Sigüenza recuerda que en 2012 UPyD
afirmó que el sistema impositivo creado por PP y PSOE en las comunidades
autónomas, lleva a crear desigualdades territoriales, y grandes
barreras a las empresas de la región que deben pagar carburantes mucho
más caros». Considerábamos vital a eliminación del céntimo sanitario que
grava el consumo de carburante, como una medida para favorecer la
actividad y la creación de empleo.
Sigüenza ha destacado que por
las características de la región que pasan por una gran extensión
geográfica, dispersión demográfica, desorbitada tasa de desempleo y
bajos salarios en la situación actual «no se puede tolerar carburantes
tan caros.
Ante esta situación, UPyD extremeño ha reclamado que
se elimine el céntimo sanitario, pues «la presión impositiva sobre los
carburantes es de las más altas de España», lo cual «provoca que
disminuya la movilidad empresarial, laboral y turística en la región».
En su opinión, «con unos carburantes menos caros la actividad y creación
de empleo seria mayor», por lo que Sigüenza ha propuesto «potenciar
políticas que incentiven en vez de restringir y sancionar al ciudadano».
UPyD
pide que se deje de quitar el dinero a los extremeños mediante
impuestos que incumplen la ley. Ahora habrá que analizar la forma de
devolver lo saqueado a los ciudadanos de la región.
