IU ve rechazada su propuesta de garantizar que los abortos se puedan practicar en los hospitales públicos

El Parlamento de Extremadura ha rechazado una propuesta de impulso presentada por IU-Verdes por la que pretendía, por un lado, garantizar que las interrupciones voluntarias del embarazo se puedan practicar en la red de hospitales públicos de la región y, por otro, regular el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

La iniciativa, que ha sido defendida por el diputado de IU Víctor
Casco, ha recibido el apoyo de los diputados de este grupo y de Prex
Crex, y ha sido rechazada por el Grupo Popular, mientras el Socialista
se ha abstenido.

   Casco ha recordado que la vigente ley de plazos del aborto
establece, en lo referente a la objeción de conciencia del personal
sanitario, que este derecho se solicite por escrito y por anticipado a
la intervención, y en este sentido ha recalcado que en Extremadura no
existe ningún registro que recoja la voluntad de los médicos en la
materia.

   «No existe un registro de médicos objetores de conciencia. A nadie
se le ha pedido que firme el derecho a la objeción. En Extremadura se
ha decidido que todos los hospitales son objetores», ha añadido.

   Al respecto, ha afirmado que en Extremadura, al igual que en otras
cinco comunidades autónomas, «no se puede practicar una interrupción
voluntaria de un embarazo en un hospital público».

   Casco, quien ha recordado que su grupo ha llevado esta iniciativa
al Parlamento regional en todas las legislatura anteriores (salvo en la
que no obtuvo representación), ha defendido que existen «bastantes»
fórmulas para lograr este objetivo, entre las que ha citado la
contratación de profesionales para la realización de «este cometido»,
como ha asegurado que se realiza en otras comunidades autónomas.

   Ha subrayado asimismo que la práctica del aborto «debe realizarse
con las mismas garantías que cualquier otra atención a la salud» en los
centros hospitalarios de la comunidad autónoma.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha aconsejado a Casco la
retirada de la propuesta de impulso, por la que se insta a actuar al
Gobierno de Extremadura, y que en el futuro registre una propuesta de
pronunciamiento de la Cámara regional para trasladar esta petición al
Gobierno de España, que es quien considera que tiene las competencias
para regular este asunto.

   En el turno de cierre de intervenciones, Casco se ha reafirmado en
su iniciativa, y ha recriminado tanto a los diputados del PSOE como a
los del PP que «se vayan a juntar para que no se garantice el aborto en
los hospitales públicos». «Lo pueden disfrazar como ustedes consideren»,
ha añadido el diputado de IU.

   Casco hacía referencia así a las matizaciones realizadas por Gil
Rosiña a la intervención de Casco, con respecto a que el Servicio
Extremeño de Salud «garantiza» la interrupción voluntaria del embarazo
gratuitamente, a través de conciertos sanitarios con clínicas privadas.

   Asimismo, Gil Rosiña ha subrayado que la ley de plazos del 2010
también reconoce la objeción de conciencia de los sanitarios, por lo que
ha reconocido tener «dudas» acerca de que la propuesta de IU no suponga
«conculcar el derecho de los profesionales».

   «Otra duda», y «más importante», ha añadido, es la referente a las
competencias de la comunidad autónoma en la materia. «No tenemos
competencia para legislar», ha señalado, y de ahí su recomendación de
que plantee una propuesta de pronunciamiento de la Cámara legislativa.

   En cualquier, caso y tras recordar que el aborto ha protagonizado
varios debates en el Parlamento regional en las últimas fechas, ha
subrayado que los diputados no deben «perder el sentido de la realidad».

   «Lo que nos estamos jugando es retroceder 35 años en la libertad
de las mujeres», ha señalado en referencia a la reforma de la ley
impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. «Son las
mujeres quienes deciden libremente sobre su maternidad, y no los varones
del PP», ha apostillado.

La diputada del Grupo Popular Francisca Rosa, se ha mostrado «de
acuerdo» con Casco en que las mujeres tengan «la posibilidad de decidir
libre y responsablemente sobre su maternidad», pero también ha reclamado
esta «posibilidad de decidir libre y responsablemente» para los
profesionales sanitarios.

   «Tenemos la obligación de defender los derechos y la Constitución,
en la defensa de la libertad ideológica, que abarca también a los
profesionales sanitarios», ha apostillado al respecto.

   En este sentido, ha replicado a Casco que no es necesario legislar
el derecho a la objeción de los facultativos, «salvo que lo que
quiera», ha dicho, «es poner coto al derecho a la libertad de
conciencia», con lo que se estaría «poniendo en peligro el principio de
tolerancia».

   «Usted, en definitiva, quiere imponer su ideología», le ha dicho a
Casco, al tiempo que ha añadido que «ahora mismo» no hay «ningún
conflicto de intereses», ha señalado Rosa, quien ha recordado las
palabras previas de la portavoz socialista en lo referente a la
concertación con las clínicas privadas.

   La diputada de Prex Crex, Fernanda Ávila, desde su propio escaño,
se ha limitado a decir que suscribe las palabras de Víctor Casco y, en
consecuencia, ha apoyado la iniciativa.