Detenidas siete personas relacionadas con la venta de embutidos y quesos sin registro sanitario

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cáceres ha detenido a siete personas, seis en la provincia y una en Salamanca, supuestamente implicadas en una trama de venta de productos alimenticios en mercadillos que no tenían registro sanitario y que etiquetaban con marcas que utilizaban de forma fraudulenta.

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Las
actuaciones de esta operación, denominada ‘Artemisa’, comenzaron en octubre cuando se conoció la actuación reiterada de cazadores
furtivos en distintas fincas ubicadas en las estribaciones de la Sierra de San
Pedro, una zona declarada de “emergencia sanitaria” por la
tuberculosis que padecen muchos de los ciervos de este entorno.

 

Agentes
del Seprona lograron identificar a dos de los detenidos por una acción de caza
ilegal en la que lograron abatir un ejemplar de hembra de ciervo a la que,
antes de abandonarla, le extrajeron los lomos y los jamones.

 

Estas
personas fueron a la vez relacionadas con la comercialización de productos
cárnicos y lácteos en algunos mercadillos de la provincia por lo que se les
realizó un seguimiento de sus actividades.

 

El
responsable de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres,
Francisco Morcillo, ha explicado que entre los productos cárnicos que vendían
se encontraban embutidos elaborados con carne de caza abatida ilegalmente sin
que ésta fuese sometida a los controles sanitarios preceptivos.

 

Además,
para dotar a estos productos de apariencia legal y facilitar su venta, se les
colocaban etiquetas de marcas comerciales reconocibles por los consumidores
que, en algunos casos, eran reutilizadas.

 

REGISTROS DOMICILIARIOS

 

Con
todas estas evidencias, el pasado mes de diciembre se efectuaron las primeras
detenciones tras efectuar dos registros domiciliarios, uno en Malpartida de
Cáceres y otro en una casa de campo en el término municipal de la capital
cacereña.

 

En
Malpartida, los agentes registraron un anexo de la vivienda que se utilizaba
para envasar y etiquetar los productos donde se encontraron unos 600 chorizos y
700 quesos, de los que la mitad “se encontraban en deficiente estado de
conservación”, según ha dicho Morcillo que, no obstante, ha lanzado un
mensaje de tranquilidad a la población porque toda la mercancía ha sido
requisada hace dos meses y no ha supuesto, que se sepa, un problema de salud
pública.

 

En
el registro también se encontraron paquetes sin etiquetado y sin información
acerca de su procedencia y trazabilidad, además de 600 etiquetas
correspondientes a distintas empresas ubicadas en varias provincias del
territorio nacional, así como siete armas de fuego para practicar la caza.

 

En
la casa de campo, ubicada en la Sierra de San Pedro, se halló vestuario y
efectos empleados para la caza furtiva como mochilas, hachas, machetes y
adaptadores para medios de iluminación, además de métodos de caza masivos no
selectivos como trampas-cepos y redes de captura de aves.

 

Con
el resultado de estos registros se confirmó que los detenidos vendían productos
elaborados con carne de caza omitiendo cualquier tipo de control sanitario y
que los artículos de procedencia desconocida se etiquetaban con marcas
comerciales legales para colocarlos en el mercado sin sospechas.

 

TRES DETENIDOS

 

Tras
la detención de los cuatro primeros sospechosos, pertenecientes a una misma
familia, continuaron las investigaciones durante enero y febrero hasta dar con
otras tres personas en distintas poblaciones de Cáceres y Salamanca, por su
relación con la comercialización irregular de alimentos, incumpliendo las
normas sanitarias de los productos destinados al consumo humano.

 

Los
detenidos fueron puestos a disposición judicial en su momento y se decretó su
puesta en libertad con cargos, aunque como medida cautelar se les ha
inhabilitado a todos ellos para llevar a cabo la venta de productos de
charcutería y quesos, tanto en puestos de venta en mercados ambulantes como en
cualquier otro establecimiento.

 

 La Guardia Civil estima que se ha podido
perjudicar, por el uso ilegal y fraudulento de marcas comerciales, al menos a
una docena de empresas alimenticias radicadas en todo el territorio nacional,
según ha dicho Morcillo, quien insiste en que “si hubiera supuesto un
problema para la salud ya se hubiera sabido” porque las primeras
detenciones se produjeron hace dos meses y la mercancía ha sido decomisada.

 

Toda
la operación se ha llevado a cabo por el Seprona de la Guardia Civil
conjuntamente con el Servicio Extremeño de Salud (SES) y responsables del
Departamento de Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Extremadura (UEx).


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