Las seis comunidades han coincidido en reclamar un modelo de financiación autonómica dotado con más recursos que el actual, que permita prestar los servicios públicos del Estado del Bienestar con la misma calidad a todos los ciudadanos.
Junto a esto,
han acordado unir fuerzas para defender que el futuro sistema se base en
criterios de reparto justos y equitativos, que ponderen en mayor medida
características comunes a sus territorios como la superficie, la baja
densidad demográfica, los costes fijos, la dispersión geográfica de la
población y su envejecimiento.
La
reunión de trabajo que han mantenido esta mañana los consejeros
competentes en materia de Hacienda de Aragón, Asturias, Castilla y León,
Extremadura, Galicia y La Rioja ha permitido consensuar un documento
donde se recogen los principios básicos que, a su juicio, deben presidir
la negociación del nuevo modelo de financiación.
El primero de ellos es que se reconozca la evolución creciente de las
necesidades de gasto de las autonomías respecto al Estado, por cuanto
prestan los servicios que configuran el núcleo del Estado del Bienestar y
en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales. De ahí
la reivindicación de que el punto de partida de la reforma sea un
incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las
comunidades.
La segunda aspiración que expresan los seis gobiernos es que se produzca por consenso de todas las autonomías.
En tercer lugar, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura,
Galicia y La Rioja quieren que se garantice la igualdad de todos los
españoles en el acceso a los servicios públicos. Para ello es preciso
que la financiación de cada comunidad responda a los costes efectivos de
la prestación de servicios, en los que influyen de manera esencial
factores distintos del número de habitantes. Entre ellos destacan la
extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población o su
envejecimiento, que en el modelo vigente sólo están reconocidas con un
peso del 3%. Es decir, que la modificación del modelo debe ponderar de
forma correcta y en un grado suficiente –y por tanto superior al actual–
estas características diferenciales.
Conviene recordar, en este sentido, que las seis autonomías que han
participado en el encuentro suman el 45% de la superficie española, un
elevado porcentaje que contrasta con el hecho de que en ese extenso
territorio reside el 19% de la población.
En
coherencia con todo lo anterior, Aragón, Asturias, Castilla y León,
Extremadura, Galicia y La Rioja advierten de que las necesidades de
gasto asociadas a la prestación de los servicios públicos de competencia
autonómica no pueden vincularse a la capacidad económica de los
ciudadanos residentes en cada comunidad, ni a través del llamado
principio de ordinalidad ni tampoco de otras variables como los
resultados de las balanzas fiscales, que en ningún caso determinan las
necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los
distintos territorios.
