CCOO de Extremadura ha denunciado un nuevo “revés injusto” para los docentes extremeños, ya que se les está exigiendo la devolución de ciertas ayudas individuales que recibieron para mejorar su formación, y pone a disposición de las personas afectadas sus servicios jurídicos por si deciden reclamar.
Para
la Federación de Enseñanza de CCOO es incomprensible que estas ayudas, que
sirven para ampliar la capacitación del profesorado, se consideren rendimiento
neto del trabajo y se deban declarar, reduciendo aún más su ya exigua cuantía
que no cumbre, ni de lejos, los gastos reales provocados por la actividad o el
curso que realizaron.
Primero
llegaron a los docentes una avalancha de notificaciones que la Agencia Tributaria reclamándoles la cuantía
percibida para su formación en el extranjero a través del Programa Integral de
Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras (PIALE).
Ahora
están empezando a llover más notificaciones, esta vez reclamando cantidades
relacionadas con las convocatorias de la Consejería de Educación de ayudas
económicas individuales para la participación en actividades de formación del
profesorado, tales como estudiar otra carrera, Máster o Doctorado, o formarse
en idiomas.
Estas
convocatorias aluden a su sometimiento a la Ley 38/2003 General de
Subvenciones; por ello, CCOO reitera la calificación de estos programas de
ayudas formativas como una subvención y, en ningún caso, como un rendimiento de
trabajo, tal y como se pretende reclamar por parte de Hacienda.
Además,
la ley vigente sobre el IRPF, señala que no tendrán la consideración de
rendimientos del trabajo en especie “las cantidades destinadas a la
actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan
exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los
puestos de trabajo”.
CCOO
estima que es una medida exclusivamente dirigida a conseguir dinero rápido por
parte del Gobierno, sin importarle el daño y las consecuencias que tiene, ya
que muchos docentes se plantearán en el futuro realizar cualquier tipo de
actividad fuera de su horario lectivo, y eso repercutirá en el reciclaje y, por
consiguiente, en una merma de la calidad educativa, de la que la Consejería
debería sentirse responsable si no actúa para remediar estas situaciones.
Desde
que aparecieron los primeros casos, los representantes del sindicato han
instado a la Consejería de Educación a que arbitre la fórmula para que las
ayudas que se den a la formación docente no estén sujetas a tributación.
La
Administración educativa se ha inhibido en manifestar una postura oficial al
respecto porque, según sus propios argumentos, no es su competencia interpretar
normativa tributaria, y no se hacían responsables porque esas convocatorias se
habían realizado con el gobierno anterior.
Sin
embargo, las nuevas reclamaciones que se están recibiendo corresponden a la
convocatoria de ayudas de 2012, realizada ya bajo el gobierno del Partido
Popular.
