El Parlamento de Extremadura ha instado al Ayuntamiento de Cáceres a paralizar la construcción de la gasolinera ubicada en la Mejostilla, y a propiciar un diálogo con promotores, vecinos y padres de un colegio cercano, para buscar una solución.
La
propuesta de pronunciamiento de la Cámara ha sido planteada de forma conjunta
por los tres grupos de la oposición, PSOE, IU-Verdes y Prex Crex, y ha recibido
el voto en contra del Grupo Popular.
Es
la primera vez que se aprueba una iniciativa del parlamento regional instando a
un ayuntamiento a actuar en un proyecto de ámbito municipal.
En
el turno de defensa de la iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Prex
Crex, Damián Beneyto, ha señalado que la «lógica» lleva a plantear, a
pesar de que el proyecto cumple con las leyes, que no se instale una gasolinera
en medio de unas viviendas, ni tampoco cerca de un colegio al que cada día
asisten 600 niños, dado que se trata de una actividad «complicada»,
de las catalogadas como «peligrosas y nocivas». «Puede pasar
algo», ha apostillado.
Tras
defender la paralización de las obras hasta que se llegue a un acuerdo, ha
propuesto que se estudie la posibilidad de trasladar la gasolinera, a través de
«una permuta de terrenos u otra solución similar», a un polígono
industrial ubicado a 400 metros de la parcela en la que está prevista su
instalación.
El
diputado de IU-Verdes, Víctor Casco, ha protagonizado una acalorada discusión,
tanto desde la tribuna como desde los escaños con el diputado del PP, José
Ángel Sánchez Juliá, quien ha recibido una advertencia por parte del presidente
del Parlamento, Fernando Manzano.
Casco
ha acusado a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, de actuar con
«irresponsabilidad» en esta materia, que según el diputado de IU es
una «barbaridad», debido a que podría producirse un accidente junto a
unas viviendas y un colegio, tales como un derrame de combustible, o que un
usuario llene el depósito con un cigarrillo encendido, y en este sentido ha
recordado que se trata de un surtidor «sin personal, sin vigilancia».
Ha
pedido al ayuntamiento cacereño que haga partícipe a los ciudadanos en esta
cuestión, para evitar un conflicto entre los vecinos y la empresa, y en este
sentido ha recordado lo ocurrido en el barrio burgalés de El Gamonal.
«Lo
lógico es que se ponga (el ayuntamiento) del lado de los ciudadanos, y no de
los intereses empresariales», ha remarcado Casco.
EVITAR UN
«CONFLICTO PERMANENTE»
Por
su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista César Ramos ha
subrayado que esta gasolinera, a pesar de tratarse, ha dicho, de un proyecto
empresarial que no crea empleo y que cuenta con un informe de un técnico
municipal negativo, así como la oposición de los ciudadanos, haya sido el
proyecto empresarial con más «agilidad burocrática» ha tenido en la
capital cacereña.
Así,
y para evitar que se instaure en La Mejostilla un «conflicto
permanente», ha pedido a la alcaldesa que propicie un diálogo entre todas
las partes para buscar una solución.
La
intervención del diputado del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá ha
encendido el debate, al señalar que la propuesta de los grupos de la oposición
insta al ayuntamiento cacereño a cometer un delito de prevaricación, puesto que
el proyecto empresarial cuenta con todos los requisitos legales y
administrativos pertinentes para su instalación.
Asimismo,
ha acusado a PSOE e IU de «demagogia» y de tratar de «pescar en
río revuelto» movidos por un objetivo electoral, puesto que, según un
dictamen de la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento, los concejales de IU y
PSOE votaron a favor del proyecto.
Esta
cuestión ha provocado que tanto Ramos como Casco hayan acusado a Sánchez Juliá
de mentir en el parlamento. Según el diputado de IU, el dictamen al que se
refería se votó en julio de 2013 y tenía un carácter preliminar, mientras que
el definitivo, ha señalado Casco, se votó en diciembre, en concreto el día 13,
y se aprobó gracias a la mayoría del PP, puesto que IU y PSOE votaron en
contra.
Asimismo,
Casco ha replicado al diputado del PP que su actuación no está motivada por
«un puñado de votos», sino que lo que pretende es «garantizar la
salud de los ciudadanos de Cáceres».
El
diputado del PSOE, César Ramos, ha reiterado el signo de la votación del
dictamen de diciembre, en el que, ha señalado, se incluía un informe
«negativo» en el que un técnico de urbanismo planteaba «dudas de
legalidad» del proyecto, motivo por lo que los concejales de su partido,
votaron en contra.
